La jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils, procesada en el marco del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, prestó declaración por primera vez durante su audiencia preliminar, en la causa penal abierta en su contra.
La magistrada, actualmente suspendida en sus funciones, negó haber tenido conocimiento de irregularidades en los juicios ejecutivos tramitados en su despacho y sostuvo que la responsabilidad por la falta de notificación recae en ujieres y oficiales de justicia.
Durante su intervención, Cibils argumentó que estos funcionarios son los encargados formales de dar fe a estas diligencias, por lo que atribuyó a ellos cualquier eventual incumplimiento en los procesos de notificación. En ese sentido, afirmó que desconocía que algunos expedientes no estaban siendo debidamente comunicadas a las partes.
La causa en su contra es por presunto prevaricato, en calidad de autora, y como cómplice en la producción de documentos no auténticos. Según la acusación del Ministerio Público, la jueza habría tenido un rol activo dentro de un esquema que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraban expedientes de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsificados o manipulados.
El equipo fiscal, integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, sostiene que la estructura funcionaba con la participación de funcionarios judiciales, mediante resoluciones y notificaciones irregulares que permitían ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
Cibils se convierte en la segunda jueza que podría enfrentar un juicio oral, en caso de que el juez de la causa, Rodrigo Estigarribia, resuelva elevar el proceso a esa etapa, tal como lo solicitó la Fiscalía.
El avance de este proceso es considerado clave dentro de la investigación sobre presuntas redes de corrupción en el sistema judicial vinculadas a ejecuciones fraudulentas.
