La Corte suspende la matrícula de Hernán Rivas e inicia sumario administrativo

La Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo de Superintendencia, resolvió suspender de manera preventiva la matrícula profesional de Hernán David Rivas Román (matrícula CSJ N.º 59.690) y abrir un sumario administrativo en su contra, en el marco de sus atribuciones de control disciplinario.

La medida fue adoptada mediante la Resolución N.º 174, ratificada por el Pleno de la Corte en su sesión del 10 de septiembre de 2025, y responde a los antecedentes remitidos por el Juzgado Penal de Garantías N.º 7 de la Capital, a cargo del juez Miguel Ángel Palacios Méndez, en relación a la causa penal en la que Rivas está acusado por el supuesto hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

De acuerdo con el informe del juzgado, el proceso judicial (Expediente N.º 1-1-2-1-2023-9477) se encuentra actualmente en etapa intermedia, con una acusación ya presentada y audiencia preliminar fijada para el 17 de septiembre de 2025.

Frente a esta situación, el Consejo de Superintendencia consideró pertinente activar los mecanismos administrativos establecidos para preservar la integridad del ejercicio profesional dentro del sistema de justicia, sin perjuicio del desarrollo independiente del proceso penal en sede jurisdiccional.

Con la suspensión de su matrícula, Hernán Rivas queda inhabilitado temporalmente para ejercer la abogacía en todo el territorio nacional mientras dure la medida. Asimismo, se dispuso la inhabilitación de su firma electrónica en el portal digital del Poder Judicial, y se ordenó la notificación oficial de esta disposición a todos los Juzgados y Tribunales del país.

La jueza Analía Velázquez, actual Superintendente General de Justicia interina, fue designada como instructora del sumario, conforme al procedimiento reglamentario y previa inscripción en la Oficina de Quejas y Denuncias.

Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia ratifica su compromiso con la ética profesional, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema judicial, actuando de manera firme ante cualquier situación que pudiera comprometer la integridad del ejercicio de la abogacía.

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