A solicitud del ministro Eugenio Jiménez Rolón, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender, con goce del sueldo básico, a la jueza Isabel Bracho. La magistrada enfrenta imputaciones formuladas por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido 50.000 dólares para favorecer al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez durante su proceso penal.
Bracho está imputada de los delitos de cohecho pasivo, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios, según detalla la imputación presentada por la Fiscalía.
Según el relato del agente fiscal, durante el proceso judicial de Galindo, la jueza habría recibido el mencionado monto con el objetivo de otorgarle beneficios irregulares, incluyendo medidas cautelares menos gravosas. La investigación indica que, con la participación de su actuaria judicial, se habrían expedido actas y providencias de manera irregular, que culminaron en el otorgamiento de arresto domiciliario, permisos especiales y, finalmente, una salida procesal favorable para el imputado, pese a existir una orden de captura vigente por violación de sus medidas.
Entre las pruebas recabadas por el Ministerio Público se encuentran actas redactadas sin la presencia del procesado, providencias firmadas únicamente por la actuaria judicial, escuchas telefónicas que evidenciarían negociaciones para beneficios indebidos y resoluciones basadas en informes médicos presuntamente falsificados.
La gravedad de las sospechas contra la jueza se acentúa debido a que, según el Ministerio Público, habría facilitado un sobreseimiento definitivo mediante la aplicación de un criterio de oportunidad, lo que habría beneficiado de manera indebida al procesado.
En la misma causa también están imputadas la exfiscal Egidia Gómez, quien presuntamente habría recibido promesas de beneficios económicos a cambio de la devolución o sustitución de evidencias incautadas, entre ellas tres paquetes de cocaína de 1.486 gramos, que habrían sido reemplazados por bicarbonato. Según la investigación, la exfiscal habría mantenido bajo su control estas evidencias en su despacho hasta septiembre de 2021, cuando finalmente fueron remitidas a las dependencias correspondientes.
La investigación se enmarca en la causa “Walter José Galindo Domínguez y Otros s/ Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88 y otros”, tramitada en la Unidad Penal n.º 3 de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. Los hechos investigados se remontan a mayo de 2021, cuando, tras un allanamiento en una vivienda de Villa Elisa, se incautaron sumas de dinero, sustancias estupefacientes, una camioneta, teléfonos celulares y otras pertenencias, es dentro de esta causa que supuestamente las indiciadas cometieron los hechos punibles que alega la Fiscalía.
La decisión de suspender a la jueza generó un amplio debate entre los ministros de la Corte. El ministro Víctor Ríos expresó reservas sobre la medida, advirtiendo que una imputación no debe asumirse como un hecho cierto y que los fiscales pueden equivocarse. “Se asume la imputación como una verdad incontrastable, como si fuera sagrada, bíblica. ¿No hay posibilidad de error? Debemos ser cautelosos al aplicar medidas cautelares sin tener todos los antecedentes a la vista”, afirmó Ríos al defender a la magistrada. Sin embargo, la medida se aprobó por mayoría, resolviendo que la suspensión se aplicaría con goce del sueldo básico.
Durante la vigencia de la suspensión, el juez Rodrigo Duré asumirá las funciones de la magistrada.
