La querella, representada por el doctor José Fernández Zacur, cuestionó que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados al extitular del IPS, Andrés Gubetich, y su esposa María Rosa Araujo, la justicia aún no resuelve los incidentes dilatorios presentados en la causa, que buscan evitar la audiencia preliminar.
Andrés Manuel Gubetich Mojoli, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), continúa resistiéndose a los mandatos judiciales en su causa por estafa y lavado de dinero. El caso, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, se encuentra paralizado debido a una serie de recursos y apelaciones pendientes, incluso en la Corte Suprema de Justicia.
En primer término, el acusado apeló dos resoluciones clave: una del 26 de diciembre de 2024, que admitía la acusación y convocaba a la audiencia preliminar; y otra del 3 de enero de 2025, que mantenía vigente dicha audiencia. Ambos recursos fueron elevados a la Cámara de Apelación en lo Penal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala.
Posteriormente, Gubetich recusó el 19 de febrero de 2025 a dos magistradas del Tribunal de Apelación, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi. Ante ello, el 20 de febrero, la magistrada Silvana Luraghi impugnó la recusación, y el expediente fue derivado a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, donde se espera la conformación de una sala que incluiría al ministro César Diésel.
Simultáneamente, Gubetich presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución de la Fiscalía General del Estado del 20 de diciembre de 2024. Dicha resolución designó a un fiscal para formular requerimiento conclusivo en la causa. Esta acción aún no ha sido declarada inadmisible ni desestimada en la Sala Constitucional de la Corte.
El Ministerio Público acusa al matrimonio Gubetich de haber ocasionado al señor Eustacio Rojas Alegretti un perjuicio patrimonial de 2.358.000 dólares americanos por la venta de cuatro inmuebles que no estaban en condiciones de transferirse, es decir, no estaban libres de gravámenes.
Para la fiscalía, existen elementos probados para sostener que el matrimonio también incurrió en lavado de dinero al introducir al sistema financiero cheques y pagarés obtenidos mediante la estafa a la víctima de este hecho.
La acusación señala que Andrés Gubetich no advirtió al comprador que el inmueble se encontraba bajo régimen de comunidad de bienes, por lo que su esposa María Rosa Araujo debía firmar también el contrato de compraventa. Además, se alega que María Rosa Araujo ocultó al comprador el gravamen hipotecario, la situación ganancial del bien, y omitió suscribir el contrato para darle validez, pese a haber participado en las negociaciones previas, según la testimonial del comprador.
La acusación fue formulada el 23 de diciembre del año pasado. Han pasado ocho meses desde entonces, y hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia preliminar, donde se debatirá el pedido de la fiscalía de elevar el caso a la siguiente etapa de juicio oral.
El avance del caso depende primero de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la recusación, pendiente en la Sala Penal y, en paralelo, de la resolución de la acción constitucional interpuesta por Gubetich pendiente en la Sala Constitucional. Mientras tanto, las audiencias y otras etapas procesales quedan en suspenso hasta que la máxima instancia destrabe la causa, donde están pendientes los incidentes.
No deja de llamar la atención que, pese a las dilaciones presentadas en el caso, hasta la fecha, los acusados no hayan sido advertidos en ninguna de las instancias de la obligación de litigar de buena fe.
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