La incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial está permitida, pero bajo estrictas condiciones. De acuerdo con las reglas establecidas, la Corte Suprema de Justicia refuerza que estas herramientas solo pueden funcionar como apoyo y nunca como sustituto del criterio humano en la toma de decisiones.
En ese sentido, se establece de forma clara que la IA no reemplaza a magistrados ni funcionarios en sus funciones, y que debe mantenerse en todo momento un control humano adecuado en los procesos donde se utilicen estos sistemas. Esto incluye la obligación de preservar el análisis independiente del juez, la valoración de pruebas, la aplicación de la legislación vigente y cualquier otro elemento relevante en la resolución de casos.
El marco normativo habilita a los integrantes del sistema judicial al uso de inteligencia artificial únicamente con fines auxiliares y siempre bajo supervisión humana. Entre los usos autorizados se encuentran: Apoyo en la investigación jurídica y análisis de precedentes.
Organización y sistematización de información procesal y sustantiva. Elaboración de borradores de documentos, que deben ser revisados por el magistrado. Generación de resúmenes y síntesis de grandes volúmenes de textos. Traducción de documentos y audios. Diseño de presentaciones y visualizaciones. Apoyo en tareas administrativas y de gestión procesal. Análisis de patrones en grandes bases de datos jurídicos.
Así como la exploración de enfoques alternativos o críticos en cuestiones jurídicas o administrativas.
Simplificación de textos legales para hacerlos más claros y accesibles.
En todos los casos, los resultados generados por IA deben ser verificados, contrastados con fuentes confiables y validados por el responsable humano.
Las disposiciones también establecen límites contundentes sobre el uso de estas tecnologías. En particular, queda prohibido: Delegar decisiones jurisdiccionales o administrativas en sistemas de inteligencia artificial. Utilizar IA sin supervisión humana en la generación o valoración de pruebas. Apoyarse en estas herramientas para fundamentar argumentaciones de las partes o resoluciones judiciales sin revisión.
Determinar la culpabilidad o inocencia de una persona mediante IA.
El principio central es claro: la inteligencia artificial no puede sustituir la responsabilidad del juez ni intervenir como decisor final
El marco normativo también exige altos niveles de transparencia en el uso de estas herramientas. La Corte establece que debe informarse de manera clara cómo, cuándo y para qué se utilizan sistemas de IA en el ámbito judicial, especialmente si pueden afectar derechos fundamentales.
Asimismo, se requiere que:
Se informe a las partes sobre el uso de IA en los procesos.
Se revele cuando se utilicen herramientas de IA generativa en la redacción de documentos judiciales.
Se identifiquen los textos generados mediante IA, diferenciándolos con comillas u otros signos.
Se documente la interacción con la herramienta, incluyendo las instrucciones utilizadas.
Se expliquen sus limitaciones y posibles riesgos.
Se garantice el derecho de las partes a cuestionar o apelar decisiones en las que se haya utilizado IA.
La supervisión humana como eje central
Uno de los principios más relevantes del marco es el de supervisión humana. La Corte enfatiza que el uso de inteligencia artificial no exime a los funcionarios de sus responsabilidades ni sustituye su obligación de trabajar en condiciones adecuadas y con plena responsabilidad sobre los contenidos generados o utilizados.
En esa línea, la IA se concibe como una herramienta complementaria, pero nunca como un actor decisorio dentro del sistema judicial.
