El juicio oral y público al senador Erico Galeano continúa este jueves en su fase documental, en el marco de la acusación formulada por el Ministerio Público, que lo señala por presuntamente brindar logística al crimen organizado.
La audiencia se reanudó con la intervención del agente fiscal Silvio Corbeta, quien destacó varios puntos contenidos en los informes que forman parte del expediente judicial y que ya fueron admitidos como prueba.
Esta etapa del juicio se extiende desde hace varios días debido al volumen considerable de documentos que deben ser leídos y analizados por las partes, quienes resaltan aquellos aspectos que consideran relevantes ante el Tribunal de Sentencia encargado del caso.
El senador colorado Erico Galeano enfrenta cargos de asociación criminal y lavado de dinero, por su presunta colaboración con la estructura liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Según la Fiscalía, Galeano habría facilitado su avión a los mencionados líderes criminales para trasladarse dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos por dicha colaboración. Asimismo, se lo acusa de haber simulado la venta de su casa en el complejo Aqua Village por USD 1 millón, a favor de “Tío Rico”.
“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad para que los citados pudieran trasladarse dentro del territorio nacional”, señala parte del escrito de acusación que se debate en la audiencia.
El fiscal Corbeta sostiene que la participación de Galeano no fue aislada ni accidental, sino que formaba parte de una colaboración sostenida con la red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.
Esta causa penal forma parte de un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, con colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.
El operativo permitió desmantelar una red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones internacionales, y derivó en la incautación de bienes por más de USD 150 millones, actualmente bajo administración de la Senabico.
El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia, conformado por el magistrado Pablino Barreto como presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros.
