El juicio oral y público que se le sigue al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa y su amigo Alberto Koubé Ayala, sigue en la etapa de producción de pruebas documentales.
Por su importancia las partes dan lectura de los documentos que fueron presentados en el juicio como pruebas que buscan determinar los hechos acusados en la causa. Tanto el agente fiscal Silvio Corbeta como el equipo de abogados que ejercen las defensas, remarcan los documentos para alertar al tribunal de su importancia.
El proceso penal por lesión de confianza y otros delitos, abierto contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo Alberto Koube Ayala, es por haber presuntamente haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.
Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son: lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como por lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Elsa García, lleva adelante el juicio oral y público respecto a ambos acusados. Recientemente, el colegiado ratificó la admisión del yate de Roa como prueba en el juicio que se le sigue por graves hechos de corrupción cuando este se desempeñaba como ministro de una de las carteras más sensibles.
Para el Ministerio Público, existen sobrados elementos de prueba contra el exfuncionario público Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala. Se estima que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 16 mil millones, en concepto de alquiler de camiones y provisión de chapas.
Relata la acusación que, entre 2018 y 2021, el entonces ministro de la SEN, quien ejercía funciones desde 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala, por un monto superior a G. 16 mil millones, con el fin de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la Emergencia Nacional. Para ello, montaron una asociación criminal.
Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala, como el Grupo Tapyracuai S.A., y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden, Joaquín Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado con el objetivo de desviar los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la adquisición de una embarcación AZ 42, valuada en 450.000 dólares, y diversas sumas de dinero.
Según la fiscalía, Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con diversas licitaciones de la SEN, utilizando sus empresas y a terceras personas, firmas de amigos o clientes con algún tipo de vinculación con él, a fin de desviar recursos en beneficio de la «sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube».
El tribunal de sentencia está presidido por la magistrada Elsa García. Integran el tribunal, junto a ella, sus colegas Adriana Planas y Sonia Sánchez.
