El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú citó bajo apercibimiento al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, para comparecer en la audiencia preliminar fijada para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Además de Prieto, fueron convocadas otras 10 personas acusadas por los presuntos delitos de lesión de confianza y asociación criminal.
La convocatoria se da a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, quienes sostienen que el exjefe comunal encabezó un supuesto esquema criminal dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este entre marzo y julio del 2020, en el marco de la contratación de la empresa Tía Chela SRL para la provisión de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
Según el acta de acusación presentada por el fiscal Corbeta, Prieto habría promovido una licitación pública por la vía de la excepción, presuntamente direccionada a beneficiar a la firma Tía Chela SRL, generando un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160 a la administración municipal.
“Se le atribuye al intendente Miguel Prieto Vallejos que, en los meses de marzo a julio del 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, con la promoción de una licitación pública direccionada”, señala el escrito fiscal.
La estructura, según el Ministerio Público, estuvo conformada por funcionarios y directores municipales, entre ellos: Maggi Fariña, coordinadora de la UOC, Sebastián Martínez, entonces director de Desarrollo Social y actual concejal, Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisiciones y Sumarios, Cirle Álcaraz Ramírez y Nelson Segovia, del área financiera, José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes, Fermín Ávalos Britos, representante de Tía Chela SRL, Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de VANEMI S.A..
La fiscalía sostiene que Miguel Prieto, en su carácter de ordenador de gastos y administrador general de la comuna, utilizó su cargo para facilitar la adjudicación de recursos municipales a una estructura jurídica previamente definida, en violación a los principios de transparencia y libre competencia.
En un documento de 93 páginas, el Ministerio Público ofrece pruebas que, según los fiscales, respaldan la acusación y justifican la elevación de la causa a juicio oral y público.
