El juez penal Miguel Palacios ordenó la reapertura del proceso penal contra el senador Hernán David Rivas Román, quien fue citado a comparecer en audiencia preliminar el próximo 17 de septiembre a las 08:00 horas, en el marco de una causa abierta por presunta falsificación de documentos y acceso irregular a un cargo público.
La acusación fue presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, quienes sostienen que Rivas habría accedido indebidamente a su cargo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al presentar un título universitario y un certificado de estudios falsos, documentos con los que habría acreditado de manera fraudulenta su condición de abogado, requisito indispensable según el artículo 253 de la Constitución Nacional.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivas fue designado en 2020 como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM, y luego, en 2023, ya como senador, fue nuevamente electo para el mismo cargo. En ambas ocasiones, habría recurrido a documentos presuntamente apócrifos para sustentar su idoneidad legal.
Entre los documentos cuestionados por el Ministerio Público figuran un certificado de estudios fechado el 12 de mayo de 2018 y un título universitario emitido el 6 de marzo de 2020 por la Universidad Sudamericana, registrado posteriormente ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Fiscalía afirma que no existe constancia académica válida que respalde los datos consignados en dichos documentos.
Según la acusación, Rivas nunca cursó la carrera de Derecho, a pesar de lo cual solicitó su matrícula como abogado el 11 de junio de 2020 y posteriormente juró como tal el 7 de julio de 2021, obteniendo así la matrícula profesional de forma presuntamente indebida.
La situación se agravó cuando, en julio de 2023, Rivas presentó una copia autenticada de dicha matrícula para respaldar nuevamente su supuesta formación profesional ante el JEM, lo que facilitó su designación como representante de la Cámara Alta.
La Fiscalía sostiene que el legislador incurrió en falsedad en ambas oportunidades, al atribuirse una profesión que no ejerció legalmente, y remarca que los documentos presentados carecen de sustento académico o fáctico verificable.
Con la citación a audiencia preliminar, el juez Palacios da curso al análisis judicial del caso, que podría derivar en la elevación a juicio oral si se ratifica la validez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
En esta diligencia se resolverá el pedido del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral y público.
