En medio del debate por la Reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, el juez Carlos Hermosilla fue designado como vocero de los distintos estamentos del sistema de justicia para expresar la posición del sector judicial, que cuestiona haber sido excluido del proceso de discusión inicial del proyecto.
Desde el ámbito judicial señalan que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo avanzó sin otorgar un espacio de participación a jueces, fiscales y defensores públicos, pese al impacto directo que la reforma tendría sobre sus derechos previsionales. En ese contexto, Hermosilla asumió la representación de lo que denominó la “familia judicial”, con el objetivo de visibilizar los reclamos y plantear la necesidad de un debate más profundo y transparente.
“El reclamo central es que se nos expliquen con claridad la situación real de la Caja Fiscal. Se habla de un déficit millonario y queremos saber por qué se llegó a ese escenario”, expresó el magistrado, al tiempo de advertir que el sector no pretende que el problema vuelva a repetirse en el futuro. “No queremos que este tema se vuelva a encarar dentro de unos años”, subrayó.
Hermosilla fue enfático al rechazar soluciones transitorias y planteó la necesidad de encarar una reforma de fondo. “Estamos en contra de las soluciones parche. Queremos entender el problema para aplicar una cirugía mayor; eso es lo que proponemos como familia judicial”, afirmó.
El vocero aclaró que el sector judicial no se opone de manera cerrada a eventuales modificaciones del sistema previsional, siempre que estas sean necesarias y sustentables. Sin embargo, remarcó que cualquier cambio debe construirse con diálogo y participación. “No estamos en contra de la modificación, si necesario fuere, pero necesitamos ser escuchados”, sostuvo.
Mientras el proyecto avanza ahora hacia el Senado, desde el sistema de justicia reiteran su pedido de ser incluidos en el debate, considerando la magnitud del impacto institucional, social y familiar que la reforma de la Caja Fiscal implica para miles de funcionarios judiciales en todo el país.
En ese contexto, solicitaron formalmente al presidente de la cámara alta que se estudie, analice y trate la propuesta modificatoria que acompaña la nota presentada la semana pasada, así como un planteamiento adicional elaborado por la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay.
