La grave situación fue expuesta en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó uno de los ministros, esas sentencias firmes de la Sala Penal no se ejecutan porque, supuestamente, se encuentran recurridas ante la Sala Constitucional, lo cual resulta irregular e inaceptable.
El ministro Gustavo Santander afirmó que los jueces están obligados a recibir los expedientes con sentencias firmes y hacerlas cumplir, ya que no está permitido recurrir por la vía de inconstitucionalidad las decisiones emitidas por la Sala Penal.
“Existen numerosas causas que permanecen en cajones de los juzgados de ejecución, porque los jueces alegan que hay una acción de inconstitucionalidad contra una sentencia ya firme. Desde la Sala hemos señalado en numerosas ocasiones que esto no puede impugnarse por inconstitucionalidad; por lo tanto, sería recomendable establecer expresamente que los juzgados de ejecución reciban las causas”, manifestó el ministro Santander.
El ministro Manuel Ramírez Candia agregó que hay unas 14 sentencias firmes pendientes de ejecución porque los jueces invocan supuestos recursos de inconstitucionalidad. Afirmó que esta situación preocupa, pues equivale a alentar la impunidad mediante la conducta de los jueces de este fuero.
Este problema se evidenció al aprobarse la acordada que establece el nuevo sistema de distribución de causas en los juzgados especializados de ejecución penal.
Los ministros también enfatizaron que hay que llamar la atención a los jueces para erradicar esta práctica recurrente que permite que estos fallos no se cumplan, pese a estar firmes.
