Ante el creciente número de niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos a causa de feminicidios en Paraguay, el sistema de justicia, a través de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y otros estamentos del Estado, se moviliza para brindar una respuesta rápida, humana y estructurada.
La jueza especializada Pili Rodríguez destaca que el objetivo principal es mitigar el impacto devastador que estos hechos generan en la vida de los menores, garantizando que queden al cuidado de personas idóneas y reciban una asistencia integral que abarque salud, protección, acompañamiento emocional y apoyo económico.
La magistrada explicó que el sistema de protección a la niñez actúa desde el primer momento en que se registra un feminicidio con el Ministerio de la Defensa Pública. La primera medida es la de determinar las medidas de protección urgentes. Allí se define si el niño o adolescente quedará bajo guarda provisoria o tutela de un familiar, privilegiando siempre que el entorno sea lo más adecuado y afectivo posible.
“El principal desafío que afrontamos desde el fuero de la Niñez es lograr que estos niños terminen bajo el cuidado de las personas más idóneas posibles”, remarcó la jueza Rodríguez. El objetivo es minimizar el trauma que implica la pérdida violenta de uno o ambos progenitores y garantizar un entorno protector y estable.
En este sentido, la jueza destacó la reciente promulgación de la Ley 7349/2024, que establece un marco legal para la asistencia integral a niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales del feminicidio. Aunque la ley aún se encuentra en etapa de reglamentación, contempla un subsidio mensual de 15 jornales mínimos (equivalente a 1.600.000 guaraníes) para los tutores o guardadores responsables del cuidado de estos menores. “Esperamos que pronto se asigne el presupuesto necesario para su implementación efectiva”, expresó la jueza.
Además, la misma normativa impone al Ministerio de Salud Pública la responsabilidad de brindar atención física y mental sostenida a estos niños, incluso en casos donde existan discapacidades o dificultades de movilidad. La idea es que la asistencia no sea esporádica, sino integral y sostenida en el tiempo, adaptada a las necesidades particulares de cada víctima.
Según datos actualizados del Ministerio Público, solo en lo que va del 2025, los casos de feminicidio ya han dejado 51 niños huérfanos, elevando la cifra total a más de 500 víctimas colaterales en los últimos años. Una realidad desgarradora que exige respuestas inmediatas del Estado y del sistema de justicia.
La jueza Rodríguez no solo subraya la dimensión humana y emocional de estos casos, sino que también destaca la responsabilidad que recae sobre los jueces del fuero de la Niñez para garantizar que estos menores no queden en el abandono o en ambientes que profundicen su sufrimiento.
“Estos niños y adolescentes necesitan más que protección legal: necesitan acompañamiento emocional, seguridad, salud y un entorno digno donde puedan crecer”, concluyó la jueza, reflejando el compromiso de quienes, desde el Poder Judicial, luchan por devolverle el derecho a una infancia protegida a quienes han experimentado el horror del feminicidio en su propio hogar.
