La jueza penal de Garantías Isabel Bracho presentó su descargo ante la imputación formulada por el Ministerio Público en su contra, en el marco de una investigación por presunto cohecho pasivo agravado. La magistrada es señalada de recibir supuestamente una suma de 50.000 dólares para dictar resoluciones favorables a un procesado por narcotráfico.
La causa se desprende del operativo denominado Mercat, iniciado en 2021, en el que fueron incautadas drogas, importantes sumas de dinero y vehículos vinculados a una estructura de tráfico de estupefacientes. Según la imputación fiscal, Bracho habría recibido el mencionado monto para beneficiar al principal implicado, Walter Galindo, mediante la revocatoria de su prisión preventiva y la posterior concesión del arresto domiciliario.
La jueza señaló que estas medidas fueron dictadas avaladas en un dictamen del médico forense del Poder Judicial que recomendaba la aplicación de un arresto domiciliario para Galindo por estar en «riesgo» su vida.
Además de la jueza, también se encuentran procesadas su actuaria, Ruth Karina Ferrería, y la exfiscal jubilada Egidia Gomes, hermana del fallecido diputado Lalo Gomes, quienes igualmente habrían tenido participación en los hechos investigados.
“Yo no sé cómo demostraron que esta persona desembolsó ese dinero, esos 50.000 dólares; cómo demostraron que él pagó todo ese dinero y quién recibió ese dinero, porque yo no recibí”, señaló la magistrada, cuestionando los elementos presentados por la Fiscalía.
Mientras la jueza ejercía su defensa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido de desafuero y dispuso su suspensión en el cargo, medida adoptada en atención a la gravedad de los hechos atribuidos y a fin de permitir que la investigación avance sin interferencias.
Con esta decisión el juez Humberto Otazú está habilitado a admitir la imputación del Ministerio Público respecto a la juez quien tendrá la oportunidad de ejercer su defensa formalmente en el expediente.
