Gracias a la intervención de la defensora pública en lo Civil y Comercial de Caaguazú, Zoraida Cañiza Ayala, se logró una sentencia favorable que evitó el desalojo de un humilde agricultor, quien recurrió al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) por no contar con recursos económicos para costear asistencia jurídica.
El agricultor, identificado con las iniciales R. A., residente en la Colonia Guyraungua, fue demandado por desalojo por su esposa, de quien está separado hace aproximadamente siete años. La notificación de la demanda fue recibida por una de sus hijas, quien no pudo comunicar a su padre sobre el inicio del juicio, lo que provocó el vencimiento del plazo para contestar el traslado.
Una vecina del agricultor, al enterarse de la situación, lo instó a solicitar auxilio judicial. A pesar del plazo vencido, la defensora pública Cañiza Ayala logró presentar varias excepciones que finalmente fueron determinantes en el fallo.
El inmueble en cuestión pertenece al suegro del agricultor y durante el matrimonio, la pareja construyó una vivienda, introdujo cultivos de mandioca, maíz y poroto, y mantuvo vacas lecheras cuya venta les permitió sostener a sus cinco hijos. Tras el fallecimiento del suegro, la esposa heredó la propiedad de 7 hectáreas, pero el agricultor continuó trabajando el lote de acuerdo con un acuerdo previo entre ambos.
El agricultor se sorprendió al recibir la demanda de desalojo. Aunque fue declarado en rebeldía por no contestar la notificación, su presentación junto a la defensora permitió impugnar la nulidad de la notificación y presentar acciones legales que culminaron en la Sentencia Definitiva (SD) N° 2 del 2 de febrero de 2026.
El Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral del Tercer Turno de Caaguazú, a cargo de Francisco Luis Astigarraga Feltes, no hizo lugar a la demanda de desalojo. El magistrado argumentó que la demanda carecía de requisitos formales esenciales, no integraba a todas las partes afectadas, no presentó pruebas sobre los hechos alegados y no acreditó la titularidad del inmueble, ya que el juicio sucesorio aún no concluía.
Asimismo, el juez destacó que el agricultor ocupaba la tierra con autorización de su antiguo dueño, había realizado mejoras en la propiedad y que, pese a la separación, la distribución de los bienes debía realizarse mediante la disolución de la sociedad conyugal, proceso que nunca se llevó a cabo.
La acción de la defensora pública fue clave para proteger los derechos del agricultor y garantizar su permanencia en la tierra que trabaja desde hace años, reafirmando el papel del MDP en la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad.
