Con el inicio de las obras en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el Estado da un paso clave hacia el cumplimiento de una deuda histórica: la separación efectiva de adolescentes infractores que ya cuentan con condena de aquellos que aún se encuentran en proceso judicial.
El acto simbólico de la palada inicial fue encabezado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, acompañado por el viceministro Rafael Caballero, el viceministro de Protección Integral de los Derechos del Niño y Adolescente, Juan Fernández, y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández Morínigo.
Se trata de una intervención largamente postergada que responde tanto a compromisos internacionales como a exigencias surgidas tras el emblemático caso del Centro Educativo Panchito López, considerado un punto de inflexión en la responsabilidad del Estado en la protección de adolescentes en conflicto con la ley.
Más allá de la infraestructura, las autoridades destacaron que el proyecto representa un cambio de fondo en el sistema. “Hoy estamos dando un paso fundamental, histórico e importante, porque nunca antes se logró una separación efectiva entre los adolescentes que ya cuentan con sanción y aquellos que aún se encuentran en proceso”, expresó el ministro Nicora.
La iniciativa apunta a garantizar condiciones más justas y adecuadas para cada grupo, respetando sus derechos y evitando la convivencia entre jóvenes con distintas situaciones judiciales, una práctica cuestionada durante años.
Desde el Ministerio de Justicia subrayan que este proceso también busca fortalecer las oportunidades de reinserción, mediante el acceso a educación, acompañamiento integral y programas orientados a la inclusión social.
Con esta obra, el Gobierno inicia un proceso que apunta no solo a corregir una falencia estructural, sino también a avanzar hacia un sistema más humano y acorde a los estándares de protección de derechos de niños y adolescentes.
