Los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez, de las unidades especializadas en Delitos Económicos y Anticorrupción y Lavado de Dinero, imputaron a un juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado Cristhian Sánchez Zaracho, por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de frustración del comiso.
Según la imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que se encontraban sujetos a medidas cautelares y sobre los cuales existía expectativa de comiso, dentro de la causa penal “Luiz Carlos Da Rocha y otros s/ Lavado de Activos, Tráfico Ilícito y Delitos Conexos”, conocida como Caso Cabeza Branca.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron al Juzgado Penal de Garantías el desafuero del juez imputado y fijaron en seis meses el plazo para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
Advirtieron sobre las medidas cautelares
De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía, en agosto de 2023 la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) comunicó al magistrado que los dos inmuebles contaban con medidas cautelares vigentes, dictadas en el marco de la causa penal por lavado de activos.
Pese a esta comunicación, el juez habría dispuesto la subasta pública de ambas propiedades.
La Fiscalía señala que, posteriormente, el propio magistrado solicitó informes a la Dirección General de los Registros Públicos. Los documentos, emitidos en octubre y noviembre de 2023, habrían confirmado que continuaba vigente una prohibición de innovar decretada por la jueza penal de garantías Lici Teresa Sánchez.
No obstante, siempre conforme a la imputación fiscal, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los dos inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A.
Inscripción de los inmuebles fue rechazada
La Fiscalía sostiene que el 28 de noviembre de 2023, pese a los antecedentes mencionados, el juez aprobó la subasta y posteriormente habría dispuesto la inscripción preventiva de los inmuebles a nombre de la empresa adjudicada.
Para concretar dicha inscripción, el magistrado libró los oficios correspondientes a la Dirección General de los Registros Públicos.
Sin embargo, la institución emitió una nota negativa y rechazó la inscripción, argumentando que las medidas cautelares dictadas dentro del proceso penal continuaban vigentes.
Para el Ministerio Público, la actuación del magistrado habría puesto en riesgo la efectividad de las medidas cautelares y la eventual recuperación de los bienes sujetos a comiso dentro de la causa conocida como Cabeza Branca.
