La causa conocida como la “mafia de pagarés” suma una nueva exmagistrada imputada. La agente fiscal de Luque, Liz Medina, presentó imputación contra la exjueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz, además de funcionarios judiciales, un abogado y dos personas sindicadas como testigos, por presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de un juicio ejecutivo.
La representante del Ministerio Público atribuye los hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y testimonio falso, en el marco de una investigación que involucra a auxiliares de justicia y particulares.
Además de la exmagistrada, fueron imputados una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de justicia, un abogado que actuaba en representación de la firma Comaco SRL y dos personas que habrían intervenido como testigos dentro del proceso.
Según los antecedentes, durante la tramitación del juicio ejecutivo se habrían registrado múltiples irregularidades. El abogado demandante habría solicitado la aplicación de apercibimientos al juzgado, apoyándose en supuestas notificaciones que, en realidad, no se habrían realizado. En ese contexto, la actuaria judicial habría informado falsamente a la entonces jueza que las notificaciones fueron practicadas y que la demandada no compareció a reconocer su firma.
Con base en esos informes, la exjueza dictó el Auto Interlocutorio N.º 4244, de fecha 11 de junio de 2015, por el cual tuvo por reconocida la firma y ordenó la prosecución del juicio ejecutivo. Dicha resolución también habría sido objeto de una notificación falsa por parte del ujier notificador, siempre conforme a la investigación fiscal.
Asimismo, el oficial de justicia habría consignado de manera falsa el cumplimiento de intimaciones de pago y embargo, además de otras notificaciones procesales posteriores, todas supuestamente realizadas en la ciudad de Luque.
Pese a tener conocimiento de la presunta falsedad de los informes de notificación, el abogado habría instado el dictado de autos para sentencia de remate. Posteriormente, la entonces jueza, con el refrendo de la actuaria judicial, dictó la Sentencia Definitiva N.º 2814, de fecha 9 de octubre de 2015, ordenando la ejecución y el remate, en aparente violación de garantías procesales y con conocimiento de que las notificaciones no se habrían realizado efectivamente, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público.
En síntesis, la Fiscalía sostiene que informes de notificación falsos, elaborados por el ujier y avalados por la actuaria, habrían sido utilizados de manera consciente por el abogado demandante para impulsar el proceso civil, pese a que la demandada no habría sido debidamente notificada.
Con esta imputación, la causa suma una nueva exmagistrada procesada en el marco del esquema investigado como la “mafia de pagarés”, que indaga supuestas maniobras irregulares en juicios ejecutivos tramitados ante juzgados de Paz.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, quedando la causa a disposición del juzgado competente.
