Un reciente informe de la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial revela la falta de interés de los operadores de justicia por la reparación efectiva del daño ambiental.
El análisis abarcó 3.943 casos ingresados al sistema penal entre 2019 y 2024, en los que solo el 1 % de ellos concluyó en condena. El resto finalizó con salidas procesales que no incluyen reparación del daño al medio ambiente.
Los datos se distribuyen así: en 31 % de los casos se aplicó criterio de oportunidad; 19 %, suspensión condicional del procedimiento; 18 %, causas aún abiertas; 14 %, sin datos disponibles; 9 %, desestimados; 3 %, sobreseimiento definitivo; 2 %, suspensión a prueba de la condena; 2 %, sobreseimiento provisional; 1 %, extinción de la acción penal y, finalmente, solo 1 %, condena.
Los ilícitos incluyen violación de vedas pesquera, incumplimiento de medidas de mitigación y tala de bosques, en su mayoría concluidos sin contar con dictamen ambiental previo.
El ministro Víctor Ríos, responsable de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte, alertó sobre un posible “blanqueo” de los procesos ambientales, señalando que estas salidas procesales se conceden mayoritariamente sin criterios ambientales: el 84 % de los casos no consideró tales criterios.
Esto implica que las condenas y medidas como extinción de acción penal representan apenas el 1 %, lo que resulta alarmante ya que la recuperación ambiental no está garantizada.
