En el marco de un proyecto respaldado por la Unión Europea, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ) firmaron un convenio para desarrollar un modelo de supervisión y asesoría de prueba en procesos penales, con participación activa de la sociedad civil. La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la justicia y enfrentar el abuso de la prisión preventiva, particularmente en causas sin relevancia penal.
La firma del acuerdo se realizó con el acompañamiento de autoridades del Poder Judicial y delegados de la Unión Europea. La propuesta plantea que una entidad no gubernamental en este caso, el CEJ asuma un rol clave en el control y seguimiento de las medidas alternativas a la prisión, a fin de asegurar su correcta aplicación y contribuir a la descongestión del sistema penitenciario.
«Existe una situación crítica en las penitenciarías, y este es un esfuerzo conjunto entre las instituciones involucradas. Desde el CEJ apoyaremos las iniciativas del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema para avanzar en esta propuesta», expresó María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ.
Durante el acto, el presidente de la Corte, César Diesel, subrayó la importancia de sensibilizar a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre el alcance del proyecto, indicando que la aplicación de medidas alternativas debe entenderse como una respuesta jurídica válida ante el hacinamiento carcelario.
“Es necesario que exista comprensión y apoyo, ya que hay demandas tanto por la aplicación de medidas alternativas como por el hacinamiento penitenciario. Los jueces se encuentran en medio de esa realidad, y la Corte acompaña para que se cumpla lo que establece la ley”, sostuvo Diesel.
Por su parte, la ministra Carolina Llanes destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Justicia para mejorar la infraestructura penitenciaria, lo que permitirá separar a personas procesadas de aquellas con condena, mejorando así las condiciones de reclusión.
El modelo de control que propone el CEJ se articulará con la Oficina Técnica Penal (OTP) y permitirá recolectar datos relevantes, fortalecer la transparencia en la ejecución de las medidas de prueba, y garantizar que estas sean aplicadas en conformidad con los principios del debido proceso.
Este paso representa un cambio sustancial en la política criminal del país, al habilitar mecanismos de control civil en el ámbito judicial, especialmente en casos de poca relevancia penal, donde la privación de libertad preventiva ha sido usada históricamente como única respuesta y hoy se busca revertir.
