Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, defensores de Gianina García Troche, presentaron un incidente de nulidad absoluta, en el que solicitaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo a favor de la esposa de Sebastián Marset.
Según la defensa, el Ministerio Público no presentó acusación dentro del plazo legal, vencido el 22 de agosto de 2022, fecha establecida por la jueza Rosarito Montanía, quien entiende el caso. Alegan que la causa se inició el 23 de febrero de 2022, otorgándose el plazo de seis meses para la etapa preparatoria, plazo que expiró ese mismo año según la defensa.
“En ese lapso, el Ministerio Público realizó actos investigativos, demostrando que la investigación estaba en curso y que la ausencia de mi defendida no constituía impedimento absoluto. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, mediante A.I. N.º 27, se declaró la rebeldía de mi defendida, acto que, según el artículo 136 del CPP, interrumpe el plazo máximo del proceso (cuatro años), pero no suspende ni reinicia el plazo de la etapa preparatoria”.
La defensa sostiene que el plazo precluyó exactamente el 22 de agosto de 2022, fecha límite fijada por el juzgado al admitir la imputación del Ministerio Público.
Asimismo, informan que el 21 de mayo de 2025, tres años después de la rebeldía, Gianina García Troche se presentó voluntariamente ante la justicia, renunciando al pedido de asilo en España y poniendo fin a su estado de rebeldía. “En la audiencia de imposición de medidas celebrada en esa fecha, la jueza en una decisión inédita y sin sustento legal otorgó de oficio un nuevo plazo de seis meses al Ministerio Público, a pesar de que el agente fiscal debió recurrir a la Cámara de Apelaciones”, concluye la defensa.
Actualmente, Gianina García Troche cumple prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué, imputada por lavado de dinero vinculado al narcotráfico en el marco del operativo “A Ultranza PY”, liderado por su esposo Sebastián Marset, prófugo de la justicia.
En paralelo, la defensa solicitó a la magistrada que se aparte del caso por razones de decoro y prudencia institucional.
