Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo de la justicia Sebastián Marset, solicita a través de sus abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete la intervención diplomática de su país en la causa que enfrenta por lavado de activos.
Los defensores piden que se informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que el Consulado no fue notificado de la presencia de la procesada en Paraguay el día de su arribo, sino 55 días después, lo cual, según la defensa, constituye una violación del debido proceso.
En ese sentido, solicitan al gobierno uruguayo analizar las consecuencias jurídicas y diplomáticas en las que habría incurrido el Estado paraguayo, a través de la justicia, al no garantizar a la procesada su derecho consular ni permitirle contratar un abogado de su confianza dentro de las 24 horas de su detención.
La defensa asegura que los derechos y garantías de la imputada fueron vulnerados, por lo que piden que la diligencia practicada el día de su arribo al país (21/05/25) sea anulada.
En su escrito, señalan: “La Convención de Viena (art. 36), incorporada al bloque de constitucionalidad, impone a toda autoridad (fiscal, juez, policía) la obligación de informar sin demora al detenido extranjero de su derecho a comunicarse con su consulado. Esa obligación no es facultativa ni recomendable: es norma de rango constitucional y convencional, de cumplimiento estricto”, afirman los defensores, quienes buscan dejar sin efecto la indagatoria de su clienta.
Agregan que el incumplimiento por parte de las autoridades locales vulnera el derecho al debido proceso y a una defensa técnica efectiva. La falta de información sobre el derecho consular no solo constituye una infracción administrativa o diplomática, sino que, en casos como el de Gianina García, afecta directamente la validez del acto procesal realizado y lo vicia de nulidad absoluta, conforme lo establece la normativa vigente.
La defensa sostiene que la jueza Rosarito Montanía vulneró el derecho de la imputada al designarle un abogado público sin previamente preguntarle ni darle la oportunidad de comunicarse con el consulado uruguayo, por lo que solicitan que dicha audiencia sea anulada por estar viciada.
Gianina García se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué. Enfrenta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el marco de un esquema de tráfico internacional de drogas liderado por su esposo, el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia.
