La secretaria general del sindicato de funcionarios judiciales, Porfiria Ocholasky, confirmó a Judiciales NET que desde este jueves se pondrá en marcha un paro escalonado en todas las dependencias del Poder Judicial. La medida forma parte de un plan de presión para exigir la aprobación del aumento salarial que será analizado el martes por el Senado.
Según precisó Ocholasky, el cronograma de huelga será el siguiente: jueves 20 de noviembre, cese parcial desde las 07:00 a 8:00, solo por 1 hora, el viernes el paro irá de 07:00 a 10:00 y el Lunes la suspensión de actividades será de 7:00 a 12:00.
Mientras que el martes se convocan para las 11:00 se concentrarán frente al Congreso Nacional, coincidiendo con el tratamiento del proyecto de reajuste salarial.
La dirigente explicó que, de aprobarse la propuesta, unos 4.000 funcionarios pasarán finalmente a percibir al menos el salario mínimo vigente. Recordó además que el sector lleva 15 años sin un incremento salarial, una situación que calificó de “insostenible e injusta”.
La huelga afectará a todas las sedes judiciales del país, con el objetivo de visibilizar una demanda salarial que según el gremio ha sido postergada de manera sistemática.
El reclamo incluye a actuarios, ujieres, dactilógrafos, oficiales de secretaría y personal administrativo, todos ellos considerados esenciales para el funcionamiento del sistema de justicia, pero que en muchos casos perciben salarios por debajo del mínimo legal.
“Pedimos la solidaridad de los abogados. No buscamos generar molestias, por eso iniciamos con un paro escalonado y no total. Pero ellos saben que más de 4.000 funcionarios no ganan ni el salario mínimo”, manifestó Ocholasky. Agregó que diversos gremios de profesionales del derecho ya expresaron su apoyo, al considerar injustas las condiciones laborales actuales.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y acompañado por ministros de la Corte Suprema de Justicia busca corregir una profunda inequidad salarial que afecta a aproximadamente 11.000 funcionarios judiciales, quienes no han recibido actualización en sus haberes desde hace más de una década.
Para financiar el reajuste, la propuesta plantea reasignar recursos originalmente destinados a obras públicas, con un costo fiscal estimado en G. 32.000 millones, que se aplicaría durante el último trimestre de 2026.
