El Ministerio Público solicitó una condena de 17 años de pena privativa de libertad para el senador Erico Galeano, al considerar plenamente probados los hechos que se le atribuyen en el marco del juicio oral y público que enfrenta hace meses.
Durante la presentación de los alegatos finales, el fiscal Deny Yoon Pak sostuvo que el legislador utilizó su investidura para cometer el hecho punible de lavado de activos y brindar apoyo logístico al crimen organizado.
“El acusado en su condición de legislador aprovechó su investidura para cometer el hecho punible de lavado de activos. Llegó a lesionar la imagen del Congreso Nacional, incluso hizo que nuestro país tenga la calificación de una institución corrupta; por lo tanto, estas circunstancias prácticas van absolutamente en contra del señor Erico Galeano”, expresó el representante del Ministerio Público ante el Tribunal de Sentencia.
Según la acusación, la conducta atribuida al senador no solo constituye un grave hecho punible, sino que además impactó negativamente en la institucionalidad del país, afectando la credibilidad del Poder Legislativo y la imagen internacional.
Asimismo, el Ministerio Público pidió que el Tribunal de Sentencia aplique en contra del acusado las dilaciones presentadas durante todo el proceso penal, argumentando que estas maniobras buscaron evitar su sometimiento a la Justicia.
Además, la Fiscalía solicitó que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, el Tribunal ordene la prisión preventiva inmediata del legislador, atendiendo a la expectativa de una elevada pena y al supuesto peligro de obstrucción al cumplimiento del fallo.
Galeano enfrenta cargos por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en el marco de su presunta colaboración con la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con la acusación fiscal, el legislador habría facilitado su aeronave a los líderes de la organización para realizar desplazamientos dentro del territorio nacional, además de haber recibido pagos a cambio de dicha colaboración. Asimismo, se lo señala por la supuesta simulación de la venta de su vivienda, ubicada en el complejo Aqua Village, por un monto de USD 1 millón, a favor de Insfrán.
“El acusado no solo estuvo vinculado con la organización criminal mediante el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes, entre ellos Sebastián Enrique Marset Cabrera, un medio de transporte de su propiedad para movilizarse dentro del país”, sostiene parte del escrito de acusación leído durante la audiencia.
La diligencia continuará el próximo 23 de febrero, fecha fijada para la exposición de los alegatos finales de la defensa del acusado. Tras esa etapa, el Tribunal quedará en condiciones de dictar su resolución.
