El agente fiscal Juan Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Penal de Santa Rosa del Aguaray, presentó acusación por estafa y producción de documentos no auténticos contra Willian Bogarín Campuzano, José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes, solicitando la elevación del caso a juicio oral y público.
Los tres están sindicados de haber perpetrado una compleja estafa contra colonos menonitas, mediante la promesa fraudulenta de adjudicación de tierras del INDERT, logrando despojarlos de la suma total de USD 1.600.000.
Según el Ministerio Público, existen elementos probatorios contundentes que demuestran la participación activa de los acusados en el esquema delictivo y que permitirán acreditar en juicio la responsabilidad penal de cada uno. Si bien en las etapas iniciales de la investigación surgieron versiones que mencionaban una posible implicancia de magistrados en la maniobra, la Fiscalía no formuló conclusiones sobre ese punto.
En el momento en que los hechos ocurrieron, Willian Bogarín Campuzano ocupaba un alto cargo en el Congreso Nacional, posición que, habría sido utilizada para dotar de apariencia de legalidad y credibilidad al engaño, actuando en connivencia con los abogados José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes.
El escrito acusatorio detalla que José Ljubetic Arrellaga mantenía de manera permanente una “expectativa ficticia” en las víctimas los colonos Herman y Bernardo Friesen Neufeld mediante el envío continuo de supuestos reportes del avance de trámites legales ante el INDERT, atribuidos a los abogados Bogarín Campuzano y Paredes.
Dichos informes, según consta en actas notariales, eran totalmente falsos y formaban parte del mecanismo utilizado para sostener la confianza de las víctimas mientras se perpetraba la estafa.
La acusación explica que entre 2020 y 2022, los procesados aseguraron reiteradamente que las tierras prometidas un total de 4.000 hectáreas en el Chaco, estaban atravesando supuestos problemas legales, y que ellos se encontraban gestionando la liberación de esas restricciones. Sin embargo, la Fiscalía afirma que ninguna de esas afirmaciones se ajustaba a la realidad y que los acusados solo buscaban ganar tiempo para continuar recibiendo dinero de los afectados.
Por cada desembolso, Ljubetic Arrellaga firmaba recibos de dinero, documentos que hoy integran el cuerpo probatorio y cuya autenticidad fue confirmada por peritajes caligráficos, razón por la cual el Ministerio Público solicita su admisión formal para el juicio.
El Ministerio Público sostiene que existen elementos “con creces” para demostrar no solo el modus operandi sino también la participación coordinada de los tres acusados.
“Se encuentra probado que los mismos habrían estructurado un plan destinado a inducir en error a las víctimas, manteniéndolas bajo una constante expectativa mediante maniobras engañosas destinadas a concretar el desapoderamiento millonario”.
En consecuencia, la Fiscalía considera reunidos los requisitos para que el caso sea debatido en un juicio oral, donde se buscará obtener una condena proporcional al daño económico causado a las víctimas.
