El Ministerio Público dio a conocer un informe que dimensiona el impacto de los feminicidios en Paraguay más allá de las víctimas directas. De acuerdo con datos del Observatorio institucional, en un periodo cercano a diez años un total de 563 niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad como consecuencia de estos crímenes, configurándose como víctimas colaterales de la violencia extrema contra las mujeres.
El reporte se presenta en el marco de los diez años de vigencia de la Ley N.° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, y pone el foco en una problemática poco visibilizada: la situación de niñas, niños, adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidio. Entre los años 2017 y 2025, el Observatorio contabilizó 563 huérfanos, de los cuales 374 eran menores de edad al momento del hecho, lo que equivale al 66 % del total. En términos generales, seis de cada diez huérfanos son niños, niñas o adolescentes, mientras que 170 correspondían a hijos mayores de edad.
Cuando las víctimas indirectas son menores y el padre se encuentra privado de libertad o falleció haya sido o no responsable del crimen entra en vigencia la Ley N.° 7349/2024, que establece una pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad afectadas por feminicidio u homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar. En estos casos, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia es el encargado de definir las medidas de protección, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ordenar el pago de la pensión. Si la persona afectada es mayor de edad y presenta una discapacidad, la competencia corresponde al Juzgado de Paz del lugar de residencia, con atribuciones similares.
Además, cuando un niño o niña queda sin el cuidado materno, se inicia un proceso judicial de guarda y custodia, acompañado por la Defensoría de la Niñez, a fin de garantizar su protección integral.
La normativa también creó un Programa de Atención Integral, bajo responsabilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), destinado a acompañar a las víctimas colaterales. Este programa se ocupa de gestionar el pago de la pensión, brindar orientación y acompañamiento, articular acciones con los sectores de salud, educación y asistencia social, realizar seguimiento de cada caso y asegurar la restitución de derechos. Los recursos para su funcionamiento están previstos en el Presupuesto General de la Nación, asignados específicamente al MINNA.
En cuanto a las cifras globales, el Observatorio del Ministerio Público señala que en el periodo analizado 354 mujeres fueron víctimas de feminicidio, hechos perpetrados principalmente por parejas convivientes, exparejas, novios, parejas ocasionales, familiares o personas sin vínculo familiar. Durante esos años se abrieron 339 causas penales relacionadas con este crimen.
Respecto a los agresores, 174 feminicidios fueron cometidos por parejas convivientes, mientras que 90 casos correspondieron a exparejas, generalmente motivados por celos, rupturas recientes o la negativa a aceptar una nueva relación de la víctima. El resto se distribuye entre 31 familiares, 30 personas sin vínculo familiar, 14 novios y 9 parejas ocasionales. En cuanto a la edad, 181 agresores tenían entre 30 y 59 años, 106 entre 18 y 29, 28 más de 60 años y 4 eran menores de edad.
Los datos también revelan los medios utilizados en los hechos: 120 casos con arma blanca, 113 con arma de fuego, 85 mediante otros mecanismos, 20 con objetos contundentes, mientras que en 23 causas no se pudo determinar el tipo de arma.
El mayor número de hechos se registró los domingos (69 casos), seguido por lunes (53), jueves (51), sábados (49) y miércoles (47). Por meses, enero y agosto encabezaron la estadística con 35 casos cada uno, seguidos por julio (31) y setiembre (29).
En la distribución territorial, cinco departamentos concentraron el 61 % de las causas: Central (92), Alto Paraná (50), Amambay (24), San Pedro (21) y Caaguazú (21).
Finalmente, el Ministerio Público destacó que, a lo largo de estos años, llevó la mayoría de los casos a juicio oral y público, aplicando herramientas técnicas y jurídicas que permitieron sostener la acusación y obtener condenas elevadas contra los responsables, al tiempo de visibilizar el profundo impacto social que deja el feminicidio, especialmente en la vida de cientos de niños que crecerán sin su madre.
