El Poder Judicial dio a conocer un hallazgo de gran magnitud dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, al detectar más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos tramitados en juzgados de Paz de Asunción y del Departamento Central. Como resultado, se dispuso el levantamiento inmediato de las medidas de embargo que afectaban a miles de personas en todo el país.
Durante la sesión plenaria de la Corte, se presentó un informe elaborado por la Oficina Técnica de la Justicia de Paz, que detalla los casos en los cuales se ha dispuesto la caducidad, nulidad o finiquito de los procesos. El relevamiento confirma la existencia de un patrón de irregularidades procesales en la tramitación de estos juicios, que derivaron en embargos indebidos de salarios y haberes jubilatorios.
“Es un número muy significativo: 23.000 causas revisadas y depuradas. Esta labor responde a la Acordada N° 1800/2025, dictada para fortalecer el control y la gestión de los juzgados de Paz”, destacó el ministro Alberto Martínez Simón, al subrayar el impacto de esta resolución que libera a miles de ciudadanos de deudas originadas en procesos irregulares.
Detalles del informe que el Departamento Central, se revisaron causas de 21 juzgados de Paz, con los siguientes resultados:3.433 expedientes finiquitados, 6.653 caducados, 177 expedientes donde se declaró la nulidad y, en 2.700 casos se han ordenado el levantamiento de medidas cautelares.
Mientras que la Capital, el informe abarca seis juzgados de Paz, con excepción del de la Recoleta, y arroja: 5.764 expedientes finiquitados, 2.309 caducados,b319 anulados, y 1.624 levantamientos de embargos.
En total, más de 23.000 causas fueron revisadas, beneficiando a una cantidad equivalente de personas que sufrían descuentos ilegales desde sus salarios o jubilaciones.
En el ámbito penal, el Ministerio Público también avanzó en las investigaciones, recientemente se formuló la acusación formal contra magistradas y exmagistrados presuntamente involucrados en esta red delictiva.
Entre los acusados figuran las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque); además de actuarios judiciales, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranzas.
Según la acusación presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, las empresas de cobranzas, con apoyo de funcionarios judiciales, fabricaban pagarés y promovían juicios ejecutivos falsos. En estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones sin conocimiento de los supuestos deudores, permitiendo embargos ilegales durante años.
La Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso de depurar el sistema judicial y restituir los derechos de las víctimas. El operativo de revisión masiva constituye uno de los mayores procesos de saneamiento judicial de los últimos años, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción y la protección de los ciudadanos ante el abuso de los mecanismos judiciales que nació en la misma justicia.
