El Poder Judicial busca mejorar su respuesta ante casos de violación de la ley ambiental

Con el objetivo de fortalecer el rol institucional del Poder Judicial en los procesos relacionados con hechos punibles contra el medio ambiente, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de la Dirección de Derecho Ambiental y la Oficina Técnica Penal (OTP), encabezada por el director, el abogado Gerardo Morales, y la secretaria ejecutiva, la doctora Silvana Luraghi.
 
Entre los temas abordados se destacaron causas relacionadas con la Ley N.º 716/96 (“Que sanciona delitos contra el medio ambiente”), la Ley N.º 4770/12 (“Que modifica y amplía el artículo 202 del Código Penal”) y la Ley N.º 6676/2020 (“Que prohíbe actividades de transformación y conversión de superficies de cobertura de bosques en la Región Oriental”). En algunos casos se identificaron solicitudes de cambio de calificación jurídica y aplicación de reglas de conducta que podrían no ajustarse plenamente al marco legal, convencional y constitucional vigente.
 
Esta situación fue señalada por el ministro Víctor Ríos en sucesivas sesiones de la Corte Suprema de Justicia, donde alertó sobre un aparente modus operandi que permite la impunidad en procesos que ponen en grave peligro la naturaleza.
 
Como parte de esta primera etapa, se presentó a la Secretaría Ejecutiva la necesidad de desarrollar protocolos de actuación para casos relacionados con la tala de árboles u otras conductas que afectan los recursos naturales y el medio ambiente.
 
El director de Derecho Ambiental, el abogado Gerardo Morales, presentó el “Primer informe sistematizado de datos relacionados con causas judiciales ambientales”, elaborado en cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y la Acordada N.º 1344/19. Este informe está disponible en la página web institucional y se ampliará progresivamente a las demás circunscripciones judiciales, con el objetivo de consolidar información estadística de base legal y técnica.
 
El documento pone de manifiesto el bajo porcentaje de reparación del daño ambiental, pese a lo dispuesto en el artículo 8.º de la Constitución Nacional, que establece: “Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”.
 
La doctora Luraghi anunció que la OTP acompañará el desarrollo de líneas de acción orientadas a la socialización de las normativas vigentes y a la capacitación de magistrados, especialmente de los juzgados penales de garantías, juzgados de ejecución penal y tribunales de apelación en lo penal o multifuerzo, a través de las circunscripciones judiciales.
 
Como parte del plan de acción, se acordó un plazo de 15 días para la elaboración de una propuesta conjunta, que será revisada por la Oficina Técnica Penal y posteriormente elevada a la Corte Suprema de Justicia para su consideración.