Desde la organización no gubernamental TEDIC celebran la entrega del trabajo de investigación que emprendieron sobre la errónea aplicación de la Ley 5777/16, de protección integral a las mujeres. Sin embargo, esta ley ha sido utilizada para amordazar a periodistas, medios de comunicación y propietarios de medios.
Se reporta que han entregado el documento a 16 juzgados de Central, 8 de Caaguazú, 8 de Canindeyú, 14 de Cordillera, 1 de Guairá, 6 de Misiones, 2 de Ñeembucú, 6 de Paraguarí, 13 de San Pedro y algunos juzgados de la capital.
La ONG, que realizó la investigación basada en seis casos concretos, informa que, sin el apoyo de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, la entrega de esta herramienta que consideran clave para el buen uso de la norma por parte de los magistrados de este fuero no habría sido posible.
La organización no gubernamental TEDIC llevó a cabo una investigación que revela una clara tergiversación de la Ley 5777/16, creada para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, se está utilizando para limitar la libertad de expresión y de prensa.
El documento, titulado Posibles tergiversaciones de la Ley 5777/16, indagó seis casos en los que esta normativa fue usada para censurar a la prensa o a periodistas, como en los de Christian Chena y su medio RDN, Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Letizia Medina y Freddy Chamorro.
El estudio se centró en estos seis casos concretos que afectan a un medio, su propietario y periodistas, quienes fueron censurados por Juzgados de Paz que aplicaron la Ley 5777 para imponer restricciones a la prensa y al libre ejercicio del periodismo.
La investigación advierte que la tergiversación de la norma pone en serio riesgo la labor de la prensa y de los periodistas, por lo que emite una serie de recomendaciones contempladas en el documento. Estas buscan orientar a los jueces y evitar que la normativa continúe siendo mal utilizada por los Juzgados de Paz.
En ese sentido, se recomienda al Estado una reglamentación clara y precisa que evite posibles abusos por parte de los tribunales y, al mismo tiempo, proteja a las víctimas de violencia.
Asimismo, se sugiere brindar una capacitación adecuada a los profesionales encargados de aplicar estas medidas, incluyendo jueces, fiscales, abogados/as y personal policial, en temas relativos a la violencia de género, derechos humanos y libertad de expresión. Este aspecto es fundamental para que los jueces comprendan los riesgos asociados.
También se insta al Estado paraguayo a establecer mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión para garantizar la correcta aplicación de la ley y prevenir abusos en las medidas cautelares.
