La Policía Nacional detuvo a tres personas imputadas por el Ministerio Público en el marco de una investigación por graves hechos de abuso sexual contra una niña, que incluso involucra al magistrado Ricardo Gosling Ferreira, actualmente separado del cargo y sin fueros.
El fiscal Jorge Benítez imputó a cinco personas cuatro hombres y una mujer por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para todos los procesados. En el caso de los detenidos, la medida ya se está ejecutando.
De acuerdo con el acta de imputación, el primer implicado, identificado como E.G., habría recogido a la madre de la víctima también imputada y a su hija de 13 años en su vehículo. Durante el trayecto, la mujer se bajó del automóvil, dejando sola a la menor con el imputado, quien presuntamente abusó sexualmente de ella. Posteriormente, el hombre entregó dinero a la madre, en lo que se presume como un pago por permitir el acto delictivo.
Un año después, en 2022, la madre habría llevado nuevamente a la menor a la casa de un segundo imputado, identificado como E.K., quien también habría abusado de la niña. Según el relato fiscal, tras el abuso, la víctima pidió regresar a su hogar, pero la madre se negó, dejándola nuevamente en el lugar. La mujer habría recibido otra suma de dinero a cambio.
Entre los meses de agosto y diciembre de 2023, la misma dinámica se repitió, esta vez en la residencia del tercer imputado, I.C., donde la niña habría sido abusada en dos o tres ocasiones, según la investigación. En ese mismo periodo, el juez Ricardo Gosling Ferreira, señalado como cuarto implicado, también habría abusado sexualmente de la víctima, con la complicidad y consentimiento de la madre, quien, según la acusación, recibía dinero a cambio.
El Ministerio Público sostiene que tanto la madre como el juez imputado coaccionaban a la menor para que no hablara con nadie sobre lo sucedido. La mujer también fue imputada por su rol central en la facilitación de los abusos reiterados que sufrió su hija a manos de distintos agresores.
En mayo de 2025, la menor habría intentado huir de su casa, lo que permitió que una persona adulta se percatara de la situación y realizara la denuncia ante las autoridades. Según se detalla en la imputación, la víctima habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones debido al profundo trauma generado por los reiterados abusos y la falta de protección materna.
A partir de la intervención del Ministerio Público, se realizaron diversos actos investigativos y pericias psicológicas, que permitieron reunir elementos suficientes para imputar a los cinco presuntos responsables.
Una de las pruebas clave con las que cuenta la Fiscalía es el testimonio de la propia víctima, considerado sólido y coherente, que fue brindado en el marco de las garantías procesales que protegen a niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
Este caso se suma a la preocupante estadística de abusos contra menores en el país, donde muchas veces el entorno familiar que debería protegerlos se convierte en su principal amenaza.
El fiscal Benítez reiteró su pedido de prisión preventiva para los cinco imputados, medida que se irá cumpliendo conforme avancen las detenciones.
