En entrevista con Judiciales Net, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, destacó que la actual administración penitenciaria centra sus esfuerzos en fortalecer la calidad y la integridad del personal penitenciario, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los agentes frente a las ofertas del crimen organizado, que durante años ha operado con gran influencia dentro de los penales del país.
Maciel subrayó la relevancia del proceso previo de selección del personal. Explicó que los aspirantes pasan por entrevistas, evaluaciones exhaustivas y un análisis detallado de su entorno familiar antes de ser admitidos en el grupo de postulantes. Posteriormente, deben completar un curso de inducción y luego acceder a la tecnicatura, cuya formación se extiende por dos años.
El viceministro insistió en la importancia del seguimiento constante de la conducta de los funcionarios ya incorporados al sistema. Señaló que el nuevo modelo penitenciario requiere agentes que respondan al perfil institucional y que cualquier comportamiento reiterado que se aleje de los estándares establecidos deriva en la desvinculación inmediata.
“Considero que lo más importante es el proceso de selección, formación y seguimiento del personal penitenciario. Es fundamental controlar cómo se desempeñan en sus funciones. Cuando surge una conducta que genera sospecha, se realiza un acompañamiento cercano y, si se determina que existe algún tipo de acto indebido, lo primero que hacemos es desvincular al funcionario. La mayoría está bajo contrato, lo que nos brinda flexibilidad administrativa”, explicó.
Maciel añadió que otro de los pilares del nuevo enfoque es mejorar las condiciones de encierro de las personas privadas de libertad. Afirmó que las organizaciones criminales históricamente se han fortalecido aprovechando las carencias del sistema, especialmente en contextos de hacinamiento o desigualdad entre los reclusos, lo que facilita la captación de seguidores y la expansión de su influencia.
En este sentido, señaló que los nuevos establecimientos penitenciarios implementan un esquema de reclusión basado en la igualdad de condiciones, que abarca la vestimenta, la alimentación y la atención sanitaria en igualdad de condiciones. Este modelo, sostuvo, limita la capacidad de las estructuras criminales para ejercer poder o generar dependencia entre los internos.
Finalmente, mencionó que la separación de las personas privadas de libertad se realiza por módulos, y que existe un criterio específico para apartar a quienes presentan vínculos con grupos criminales, reforzando así los mecanismos para bloquear su operatividad intramuros.
