El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió cesar en sus funciones docentes y suspender a profesores implicados en la causa conocida públicamente como la “mafia de pagarés”, en una decisión que busca contener el impacto institucional generado por uno de los mayores escándalos que salpican al sistema judicial paraguayo.
La medida afecta a los encargados de cátedra Heber Hernán Cardozo, Mariam Ortiz Aquino, Líder Benegas Cristaldo y Pablo Cabrera, quienes se encuentran acusados dentro del esquema investigado por el Ministerio Público. Asimismo, el Consejo dispuso la suspensión de la exjueza Nathalia Garcete, docente escalafonada de esta casa de estudios, también vinculada al proceso penal y con fecha de juicio oral.
De acuerdo con la resolución adoptada por el órgano directivo, la determinación responde a la necesidad de resguardar la imagen y credibilidad institucional de la Facultad de Derecho, severamente afectada tras la exposición pública del presunto entramado que habría operado mediante el uso irregular de pagarés para impulsar demandas judiciales masivas.
El caso tomó notoriedad nacional luego de que el abogado Jorge Rolón Luna denunciara públicamente la existencia de un esquema que, según sostuvo, funcionaba desde juzgados de Paz de la Capital y otras circunscripciones del país. La estructura habría permitido la promoción sistemática de acciones judiciales basadas en documentos presuntamente utilizados de forma irregular, generando embargos y procesos ejecutivos contra ciudadanos.
La decisión del Consejo Directivo constituye una de las primeras respuestas institucionales dentro del ámbito académico frente al escándalo, considerando que varios de los investigados ejercían funciones de formación jurídica en una de las principales facultades de Derecho del país.
Fuentes académicas señalaron que la permanencia de docentes procesados por hechos que comprometen la administración de justicia podía profundizar el deterioro de la confianza pública hacia la institución, especialmente atendiendo al rol de la Facultad en la formación de futuros operadores del sistema judicial.
El órgano universitario enfatizó que las medidas adoptadas no implican un adelantamiento de condena, sino acciones administrativas preventivas orientadas a evitar mayores daños reputacionales mientras avanzan las investigaciones penales.
El escándalo de la denominada “mafia de pagarés” continúa generando derivaciones tanto en el ámbito judicial como académico, en medio de crecientes reclamos ciudadanos por sanciones y reformas que impidan la reiteración de esquemas que comprometan la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema de justicia.
