La abogada Nury Natalia Montiel Mallada y su hermano, el ingeniero agrónomo Agustín Amalec Aarom Montiel Mallada, denunciaron ante la Municipalidad de Santa Elena presuntas irregularidades en un proyecto de fraccionamiento de tierras promovido por la escribana Nimia Ester Velázquez Recalde, el cual según afirman afectaría tanto propiedades privadas como terrenos pertenecientes al INDERT.
Afirman que, el proyecto de fraccionamiento de la Finca N.º 1.768, Padrón N.º 2084, ingresado el 23 de junio de 2025, se sustentaría en un título cuya legitimidad ha sido puesta en duda por los denunciantes, quienes afirman que también se verían afectadas fracciones previamente aprobadas mediante resoluciones municipales, con títulos registrados y aval del Servicio Nacional de Catastro.
Según los denunciantes, la propuesta impulsada por la escribana pública Nimia Ester Velázquez Recalde abarcaría terrenos pertenecientes tanto al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) como a propiedades privadas de los hermanos Montiel.
Durante una audiencia pública celebrada el 6 de agosto de este año, y a pedido del concejal Héctor Balbuena, los hermanos Montiel presentaron un análisis técnico que expone diversas irregularidades. El estudio, elaborado a partir de las coordenadas y documentación presentada por la propia solicitante, revelaría que las ubicaciones señaladas no coinciden con la representación gráfica del plano original. Que, existe un desvío en el rumbo de una de las líneas principales respecto al título antecedente, y que parte del trazado pasaría incluso sobre cauces de los arroyos Yhaguy y Piray.
“Un plano con coordenadas que no coinciden con la ubicación real del terreno y que afecta propiedades legítimas no puede ser aprobado. Vamos a defender nuestros derechos y los del Estado”, sostuvo Nury Montiel, al tiempo de señalar la preocupación de otros ocupantes de la zona ante la posibilidad de que se apruebe un fraccionamiento que podría derivar en conflictos sobre la tenencia de la tierra poniendo en serio riesgo la seguridad jurídica.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que el caso sea remitido al INDERT y que se realice un análisis técnico riguroso del proyecto, afirmando que las discrepancias detectadas justifican el rechazo inmediato de la propuesta.
Igualmente, los afectados no descartan tomar acciones legales civiles y penales en caso de que la iniciativa de venta de sus tierras avance ilegítimamente.
