Defensora pública es quien logra la primera aplicación de la nueva ley contra la “mafia de pagarés”

La defensora pública Leticia Casaccia marcó un precedente judicial al lograr la primera aplicación efectiva de la Ley N.º 7564/2025, normativa promulgada en noviembre del año pasado para frenar los abusos derivados del esquema conocido como la “mafia de pagarés”, que durante años afectó a trabajadores y jubilados mediante embargos y descuentos desproporcionados.

El nuevo fallo favorable constituye una victoria jurídica significativa en beneficio de una asistida del Ministerio de la Defensa Pública, consolidando el trabajo técnico y el compromiso institucional desplegado por la defensora en la protección de sectores vulnerables.

La citada legislación regula los descuentos y embargos sobre salarios y haberes de funcionarios públicos, estableciendo que la totalidad de las retenciones no puede superar el 50% de los ingresos del trabajador. Asimismo, introduce una protección expresa al sustento familiar al prohibir el embargo de aguinaldos, subsidios y beneficios sociales.

Gracias a la intervención de Casaccia, su representada se convirtió en la primera persona en beneficiarse judicialmente con la aplicación de esta nueva normativa, sentando un precedente para futuros casos similares en todo el país.

Cabe recordar que Leticia Casaccia ya había alcanzado anteriormente un fallo histórico al conseguir el levantamiento total de los embargos que durante años afectaron la jubilación de la docente María Teresita Sánchez, también víctima del esquema de la denominada “mafia de pagarés”.

La reciente aplicación de la Ley N.º 7564/2025 reafirma no solo la importancia de la nueva herramienta legal, sino también la capacidad técnica, la estrategia jurídica y la vocación de servicio público demostradas por la defensora, cuyo trabajo permitió transformar una normativa reciente en una solución concreta para una ciudadana afectada.

De esta manera, el fallo sienta un precedente relevante en la lucha contra prácticas abusivas en materia de cobros compulsivos, fortaleciendo el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos económicos de trabajadores y jubilados del país.

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