La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar del proceso penal. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial del país ordenó la auditoría de todo el trámite de la causa, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que impidieron su avance.
La medida surge en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema judicial, debido a que la audiencia preliminar fue suspendida en al menos 14 ocasiones, sin que hasta ahora se haya podido elevar la causa a juicio oral.
El juez Miguel Palacios convocó nuevamente a los principales procesados, entre ellos Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, a una nueva audiencia preliminar fijada para el 7 de octubre a las 8:30, esta vez bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en la causa.
Actualmente, son 24 las personas procesadas que deben comparecer ante la justicia. La nueva convocatoria busca finalmente destrabar un expediente que se ha convertido en un símbolo del letargo judicial, pese a tratarse de un caso de alto impacto vinculado al crimen organizado.
La causa se originó a partir del Operativo Berilo, desarrollado en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintas localidades del departamento de Alto Paraná. La operación incluyó alrededor de 20 allanamientos, que permitieron la incautación de: 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de lujo y fuertes sumas de dinero en efectivo.
Más de 30 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente se desvinculó a algunos de los investigados. A lo largo de los años, el número de procesados se redujo a 24.
El Ministerio Público acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.
Sin embargo, el proceso ha estado plagado de incidentes procesales, recusaciones de jueces intervinientes y fallos técnicos. En una etapa clave, la acusación formal presentada por la Fiscalía por no acompañar las evidencias. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó la invalidez de dicha acusación y ordenó que el caso sea remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado para su acusación.
Con la auditoría ordenada por la Corte, se busca establecer responsabilidades sobre las demoras y obstáculos procesales que han impedido el avance del expediente. La medida también refleja la preocupación institucional por la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal, especialmente en causas sensibles relacionadas con narcotráfico y corrupción.
La nueva audiencia convocada para octubre será clave para determinar si, finalmente, la causa logra avanzar a juicio oral o si continúa atrapada en una etapa preliminar.
