La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con los votos de los ministros César Diesel y Alberto Martínez Simón, suspendió los efectos de la nueva ordenanza municipal que impedía a los frigoríficos de Tablada Nueva continúen operando en la zona, afectando directamente a miles de familias residentes. La decisión ha generado preocupación entre vecinos a quienes representa el especialista Ricardo Merlo.
Merlo advirtió que las familias de Tablada Nueva seguirán padeciendo numerosas consecuencias negativas, como la exposición constante a malos olores y la presencia de moscas verdes que invaden sus hogares, obligando a muchos a prácticamente permanecer encerrados para protegerse de estas condiciones insalubres.
El especialista subrayó que la operatividad de los frigoríficos no solo mantiene a las familias en condiciones inadecuadas, sino que provoca un grave daño ambiental, evidenciado por el vertido de desechos en cursos de agua cercanos y el colapso del alcantarillado sanitario debido a la acumulación de grasa.
“Además, existe el temor de que se repitan incendios como el ocurrido en 2021. A esto se suman los problemas de tránsito, debido a la circulación de vehículos de gran porte que se estacionan sobre la calle Lombardo y realizan labores de lavado de sus unidades, dañando incluso el asfalto de la avenida Artigas”, remarcó Merlo, enfatizando el impacto diario sobre los vecinos.
El especialista agregó que la situación limita el desarrollo económico de la zona, ya que la contaminación y los problemas ambientales desalientan inversiones en los barrios Tablada y Virgen de Fátima, afectando directamente a los pobladores.
Recientemente, la Sala Constitucional decidió, en mayoría, suspender los efectos de la Ordenanza Municipal 161/24, beneficiando únicamente a las empresas Frigomerc S.A. y Beef Paraguay S.A., ubicadas en Tablada Nueva de Trinidad, lo que les permite continuar operando pese a la prohibición municipal.
Las empresas cuestionaron los artículos 41 y 43 de la ordenanza, los cuales modifican los artículos 163 y 165 del Plan Regulador de la ciudad, estableciendo plazos para cesar la faena y ordenar el traslado de los frigoríficos a zonas industriales. Según las firmas, los plazos establecidos tres años como fecha límite, les genera un perjuicio económico significativo.
Mientras estudia el fondo del asunto, la Corte Suprema de Justicia ya tomó la medida cautelar de suspender los efectos de la normativa, que originalmente buscaba liberar a los vecinos de Tablada de vivir en un entorno insalubre, generando fuertes críticas de expertos como Ricardo Merlo, quien advierte sobre las graves consecuencias sociales, económicas y ambientales para la comunidad.
