La Coordinadora de víctimas del esquema, pide la eficaz intervención del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, para frenar el delictual sistema de uso indebido de pagarés con anuencia de los juzgados de Paz donde se tramitan estos procesos.
El documento menciona que, la red de estafas estructuradas en torno al uso indebido de pagarés, expuso las distintas modalidades con las que operaría la llamada mafia de los pagarés, con la presunta complicidad de funcionarios judiciales, gestores y entidades financieras.
El esquema, que habría afectado a miles de personas en todo el país, se basa en prácticas fraudulentas como la ejecución múltiple de un mismo pagaré, la falsificación de firmas, la adulteración de documentos y la manipulación del sistema judicial para legitimar deudas inexistentes o infladas.
Señalan que una de las modalidades más denunciadas es el cobro múltiple, donde un mismo pagaré es presentado en distintos juzgados y ejecutado más de una vez, permitiendo al acreedor cobrar dos o incluso tres veces la misma deuda. En algunos casos, este procedimiento se repite año tras año.
“Por un pagaré de 20 millones, el acreedor ya cobró tres veces en distintos juzgados. Es un esquema montado con precisión”, denunció una representante de la Coordinadora.
Otra de las prácticas señaladas es la falsificación de firmas en los pagarés, que permite ejecutar deudas sin el consentimiento del supuesto deudor. En varios casos, se detectaron firmas alteradas en documentos judicializados, lo que apunta a una posible red organizada que manipula pruebas con conocimiento de los procedimientos judiciales.
También se expuso la modalidad conocida como “préstamo por embargo”, en la que los acreedores otorgan créditos con las notificaciones judiciales ya firmadas, lo que sugiere una coordinación previa con jueces de paz para facilitar embargos antes incluso de que los préstamos se formalicen.
En otra modalidad, denominada “préstamo por gestión”, gestores intermediarios ofrecen préstamos a personas endeudadas con la promesa de ayudarlas a saldar sus deudas. Sin embargo, estas gestiones implican el cobro de comisiones que pueden llegar hasta los 30 millones de guaraníes, agravando aún más la situación económica de los deudores.
“Te ofrecen un préstamo para pagar tu deuda, pero terminás debiendo mucho más por las comisiones abusivas que ellos mismos imponen”, relató una de las víctimas.
Finalmente, se denunció el uso fraudulento de la figura legal de “convocatoria de acreedores” para legitimar préstamos irregulares o documentos adulterados. Según la denuncia, esta figura se emplea como mecanismo para “blanquear” operaciones fraudulentas y justificar cobros indebidos.
La Coordinadora de Víctimas pidió la intervención urgente del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado para investigar estos casos y proteger a las personas afectadas.
“Esto no es solo una estafa económica, es una red organizada con vínculos institucionales. El daño es profundo y se sigue repitiendo”, advirtieron.
