La Cámara de Apelaciones confirmó la admisión de la imputación contra la jueza de Paz Carmen Analía Cibils, imputada por prevaricato como autora y por otros hechos punibles como cómplice, por su presunta participación en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
La magistrada es sospechosa de integrar un esquema de fraude mediante embargos salariales a funcionarios activos y jubilados sin haber sido notificados adecuadamente en los juicios ejecutivos iniciados en su juzgado.
La jueza fue imputada por el equipo fiscal que investiga el presunto esquema montado en los propios juzgados de Paz de Asunción, donde se concentran la mayoría de los casos de juicios ejecutivos.
Los camaristas Silvana Luraghi, Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana confirmaron la resolución del juez penal Rodrigo Estigarribia, quien admitió la imputación contra la magistrada.
El tribunal argumentó que el acta de imputación cumple plenamente con los preceptos legales, al reflejar la sospecha fundada; por ello, no corresponde la interposición de un incidente de nulidad en esta fase, sino en la etapa intermedia, una vez que las partes discutan el caso.
“El acta de imputación es un requerimiento de inicio procesal, en el que el Ministerio Público manifiesta su voluntad de ejercer la acción penal pública en base a los hechos descriptos que aún se encuentran en grado de probabilidad o indiciaria y solicita un plazo para la investigación, por lo que se trata de una actuación incipiente que debe ser constatada objetivamente en base a la teoría del caso y sujeta a control jurisdiccional, por lo que no corresponde la interposición de la nulidad por la vía incidental en la etapa preparatoria. La etapa procesal para plantear incidentes de esta naturaleza es la etapa intermedia”, reza parte de la decisión de alzada que confirma la resolución del juez de garantías.
Los fiscales encargados del caso son: Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan una grave denuncia que afecta a los Juzgados de Paz de Asunción.
La defensa, a cargo de Rodrigo Yódice, sostuvo que el acta no contiene un relato sucinto de los hechos, calificándola de “genérica, imprecisa, vaga y abstracta”. Critica que se atribuyen a la jueza “resoluciones” sin especificar su naturaleza, estado procesal ni normas aplicadas, y que no se identifica claramente a quiénes beneficiaban o perjudicaban.
Sin embargo, la Cámara consideró que, para un acto inicial, la imputación sí cumple con los requisitos formales exigidos por la norma.
