El Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Elsa García condenó por unanimidad a Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a ocho años de cárcel tras comprobarse en juicio oral y público que direccionó licitaciones para su beneficio personal y el de terceros.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el comiso de un yate perteneciente al condenado y la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años. La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme.
En la misma causa fue condenado Alberto Koube Ayala, amigo del exministro, a seis años de prisión. Los jueces dieron por acreditados los hechos expuestos por el Ministerio Público, que sostuvo la acusación durante un extenso debate.
Roa Burgos fue hallado culpable de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. En tanto, Koube Ayala fue condenado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de dinero.
Según el fallo, ambos causaron un perjuicio patrimonial a la SEN cercano a G. 16.000 millones, principalmente a través de contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.
La acusación fiscal relata que, entre 2018 y 2021, Roa Burgos quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube Ayala por un monto superior a G. 16.000 millones, con el objetivo de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando una asociación criminal.
Las adjudicaciones se canalizaron a través de empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros. Para el tribunal, el propósito fue desviar recursos de la SEN para beneficios indebidos, incluyendo la adquisición de una embarcación AZ 42 valuada en USD 450.000 y la percepción de diversas sumas de dinero.
La fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Roa Burgos; sin embargo, el tribunal consideró que la pena justa era de ocho años. El colegiado estuvo integrado por Adriana Planas y Sonia Sánchez, junto con la jueza presidenta Elsa García.
