Una reciente denuncia judicial ha vuelto a poner en evidencia las prácticas de corrupción enquistadas desde hace años en el sistema penitenciario paraguayo. En la Penitenciaría de Emboscada, una jueza de ejecución penal alertó sobre la existencia de las denominadas celdas VIP, espacios especialmente acondicionados para internos con alto poder económico o vinculaciones con el crimen organizado.
Entre las comodidades detectadas, incluso se menciona la existencia de jacuzzis dentro de las celdas, una situación completamente alejada de la realidad de la mayoría de los reclusos, que viven en condiciones de hacinamiento, precariedad y violencia.
Aunque el Ministerio de Justicia comunicó públicamente que está desmantelando estas celdas irregulares, la reacción institucional ha sido lenta y evasiva, lo que pone en tela de juicio el verdadero compromiso con la transformación del sistema carcelario. La denuncia fue recibida la semana pasada, pero recién este lunes se prevé el inicio de la verificación oficial y posible intervención, bajo el argumento de que “es difícil realizar procedimientos los fines de semana”.
Esta demora resulta particularmente grave considerando que la advertencia no provino de rumores o informes sin fundamento, sino de una jueza de ejecución penal, una autoridad judicial con competencia directa en el seguimiento y control de las condiciones de reclusión. La gravedad del caso no solo radica en los privilegios indebidos otorgados a ciertos reclusos, sino en el desbalance estructural y ético que esto representa dentro del sistema penitenciario.
La existencia de estas celdas VIP no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, forma parte de una práctica corrupta arraigada históricamente, donde los presos con mayor poder adquisitivo acceden a beneficios ilegales, mientras la mayoría de la población penal enfrenta sobrepoblación, falta de acceso a la salud, alimentación deficiente y escasas oportunidades de rehabilitación.
Esto sucede a pesar de que, recientemente, el Ministerio de Justicia dio un paso importante al implementar la separación de condenados y procesados (prevenidos), una medida largamente esperada que apunta a garantizar derechos básicos y orden dentro de los penales. Sin embargo, medidas como esta pierden legitimidad si no se enfrentan y eliminan frontalmente los privilegios ilegales que subsisten en paralelo.
El éxito del nuevo modelo penitenciario no puede sostenerse únicamente en anuncios o reformas parciales. Mientras subsistan estas prácticas de favoritismo y corrupción dentro de los penales, será imposible hablar de un sistema justo, transparente y orientado a la reinserción social.
La Penitenciaría de Emboscada es considerada una cárcel de máxima seguridad, lo que hace aún más preocupante que allí operen estructuras paralelas que permiten el acceso a lujos, tecnología y condiciones especiales a ciertos internos, vinculados al crimen organizado.
La reforma del sistema carcelario no será efectiva si no se destierran estas formas de corrupción naturalizadas, muchas veces amparadas por el silencio o la inacción de autoridades. La existencia de celdas VIP no solo es ilegal, sino profundamente inmoral en un contexto donde miles de personas privadas de libertad viven en condiciones que atentan contra la dignidad humana.
