El Tribunal de Sentencia que juzga el caso citó a las partes para este miércoles, a las 7:30, a fin de dar a conocer su veredicto respecto al proceso que involucra al periodista Carlos Granada, acusado por el Ministerio Público por varios hechos punibles, siendo el más grave la coacción sexual.
El Ministerio Público, representado por las agentes fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Nathalia Silva, solicitó una pena de diez años de cárcel para el periodista, al considerar que las pruebas confirman la existencia del hecho, basándose en el testimonio creíble de las víctimas, quienes declararon de manera uniforme ante el tribunal, así como en otros medios de prueba.
«El testimonio de las víctimas sí es creíble; son consistentes, son coherentes. Está sustentado no solo con testimonios, sino también con informes psicológicos y científicos», sostuvo la agente fiscal Nathalia Silva en conversación con Judiciales Net, al momento del cierre del debate oral para que el tribunal ingresara a deliberar.
Según la Fiscalía, el desarrollo del juicio permitió acreditar la acusación mediante declaraciones coincidentes de testigos, además de otros elementos probatorios incorporados durante el debate. Las fiscales consideraron que, con base en la gravedad de los hechos y en las evidencias presentadas, la sanción proporcional y justa para el procesado es de diez años de privación de libertad.
Por su parte, el abogado Álvaro Arias, quien ejerce la defensa del acusado, sostuvo que el hecho no fue probado durante los meses en que se desarrolló el juicio. «Si vamos a aplicar el derecho como corresponde, no hay pruebas que acrediten la existencia de los hechos que el Ministerio Público atribuye al señor Carlos Granada. Lo único que tiene el Ministerio Público son los relatos de las personas que denunciaron el hecho; no tiene otra cosa y, acompañando a esto, está el informe de las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas», refirió el defensor.
El caso tuvo origen en la denuncia de un grupo de periodistas que afirmaron haber sido hostigadas con fines sexuales, sometidas a actos no consentidos y expuestas a coacciones ejercidas mediante amenazas que comprometían la estabilidad de sus puestos de trabajo.
En mayo de 2022, varias trabajadoras del Grupo Albavisión, de los canales SNT y C9N, formalizaron sus denuncias ante la justicia, manifestando que fueron víctimas de acoso y conductas de índole sexual por parte de Granada en diferentes oportunidades.
En la acusación fiscal se remarca que los relatos de las víctimas mantienen coherencia tanto en sus declaraciones ante la Fiscalía como durante las intervenciones realizadas por profesionales del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, donde fueron sometidas a contención psicológica y entrevistas especializadas.
El Tribunal de Sentencia encargado de emitir el veredicto final está presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por la magistrada Cándida Fleitas y el doctor Juan Pablo Mendoza. La resolución del caso queda ahora en manos del colegiado, tras la culminación de la dúplica y la réplica.
