La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, encargado de juzgar la causa “A Ultranza Py”, considerada la mayor operación contra el narcotráfico y el lavado de dinero en la historia del Paraguay.
Con esta decisión, el tribunal conformado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas continuará al frente del juicio oral, despejando así el intento de dilatar el proceso mediante una recusación planteada por la defensa de uno de los principales acusado, el pastor José Insfrán Galeano.
El abogado Nelson López, defensor de Insfrán, había solicitado el apartamiento de los tres magistrados argumentando supuestas razones de parcialidad manifiesta, lo que había provocado una paralización temporal del juicio mientras se resolvía el incidente. Sin embargo, el tribunal de apelación rechazó la recusación y ratificó plenamente la legalidad y competencia del colegiado.
Con este decisión, el proceso podrá reanudarse, permitiendo avanzar hacia la fase decisiva del juicio oral y público contra una estructura criminal que, según la acusación del Ministerio Público, movilizó más de 17 toneladas de cocaína entre 2018 y 2022, con ingresos estimados en más de USD 430 millones.
Entre los acusados figuran además del supuesto líder Miguel Insfrán alias “Tío Rico”, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, señalado por lavado de dinero; Luis Fernando Sebriano González, considerado el brazo logístico de la red; así como los hermanos José Alberto y Conrado Ramón Insfrán, y el empresario Alberto Koube Ayala, acompañado de su pareja María Noelia Colmán Alarcón y su hermana Fátima Koube Ayala.
La operación “A Ultranza Py” incluyó más de 100 allanamientos, la participación de más de 20 fiscales especializados, y el apoyo de agencias internacionales como la DEA, Europol y autoridades policiales de Uruguay, entre otros países. Fue una investigación histórica que reveló los vínculos del narcotráfico con sectores políticos, empresariales y religiosos del país.
Con la ratificación del tribunal, se despeja uno de los principales obstáculos judiciales, y el sistema de justicia da una señal de avance firme hacia la sanción de uno de los esquemas delictivos más complejos y peligrosos detectados en Paraguay.
