En el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”, autoridades públicas, gremios y representantes de afectados avanzaron en un análisis técnico para establecer criterios claros sobre los descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. Uno de los principales consensos apunta a que el límite legal de las deducciones se calcule sobre el salario neto del trabajador y no sobre el monto total presupuestado.
La reunión fue organizada por la Comisión Especial de Investigación de carácter temporal que estudia el caso, encabezada por el senador Rafael Filizzola. El encuentro tuvo como objetivo abordar la problemática de los descuentos judiciales y convencionales que afectan a numerosos servidores públicos, especialmente docentes y personal de enfermería.
Participaron representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Finanzas. También formaron parte de la mesa de trabajo miembros de la Asociación de Jueces de Paz, de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay y de la Coordinadora de Víctimas de este esquema de cobros.
Durante el encuentro se revisaron los criterios que actualmente se utilizan para determinar el porcentaje máximo de descuentos aplicados a los salarios de funcionarios. En ese contexto se destacó una reciente resolución emitida por una jueza de paz de Luque, tras una acción promovida por la defensora pública Leticia Casaccia, que dispuso reducir la cuota de embargo aplicada a un trabajador, caso que fue difundido por nuestro medio.
El fallo establece que el cálculo del límite de los descuentos debe realizarse como lo establece la nueva Ley N.º 7564/2025, promulgada en noviembre de 2025,, y no sobre el salario total presupuestado, criterio que en algunos casos venían aplicando instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
A partir de este antecedente y del análisis del marco normativo vigente, los participantes coincidieron en que el espíritu de la legislación laboral apunta a proteger el ingreso real del trabajador, por lo que el límite de las deducciones debería basarse en el monto efectivamente percibido.
Los presentes señalaron que este acuerdo representa un avance para evitar descuentos excesivos que afectan a numerosos empleados del sector público y garantizar una aplicación más justa de la normativa.
En la reunión también se analizó la situación de los trabajadores del sector privado, donde igualmente se registran casos de descuentos judiciales. En ese ámbito se planteó que el cálculo de las deducciones mensuales se realice tomando como base el salario luego de descontar el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS).
Para consolidar este criterio, se evaluará la necesidad de impulsar medidas administrativas o cambios legislativos que establezcan con claridad el procedimiento.
Desde la comisión indicaron que el trabajo interinstitucional continuará con el objetivo de definir reglas claras, reforzar la seguridad jurídica y proteger los ingresos de los trabajadores afectados por estos mecanismos de cobro.
