El pasado 8 de octubre debía realizarse la audiencia preliminar para los acusados; sin embargo, una nueva recusación contra el juez Miguel Palacios volvió a frustrar su realización en la causa. En este proceso, recientemente, la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una auditoría de gestión jurisdiccional para determinar las causas por las que, desde hace años, el expediente permanece paralizado en esta etapa.
En esta ocasión, el acusado Yamil Cabaña Santacruz recusó al magistrado, por lo que el expediente, una vez más, fue remitido a la cámara que debe dar trámite a una apelación planteada por el mismo acusado. Esto implica que el caso vuelve nuevamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el incidente presentado.
Las acciones tibias asumidas en el caso han permitido que el proceso penal, con la anuencia de los propios operadores del sistema, permanezca estancado durante años en esta etapa, manteniendo a los acusados en prisión preventiva sin una condena firme.
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría del caso, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que han impedido su avance.
La medida surge en un contexto de fuertes cuestionamientos al sistema judicial, dado que la audiencia preliminar fue suspendida al menos en 14 ocasiones, sin que hasta la fecha se haya logrado elevar la causa a juicio oral. Al parecer, esto no preocupa a las partes, ya que las dilaciones continúan planteándose, y tanto el juez como el tribunal de alzada siguen dando trámite a estos actos dilatorios.
El juez Miguel Palacios convocó a los principales procesados, entre ellos Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, a una nueva audiencia preliminar bajo apercibimiento, ante los reiterados intentos fallidos de avanzar en la causa. Sin embargo, esto no impidió que, una vez más, la audiencia fuera frustrada este mes.
Actualmente, son 24 las personas procesadas que deben comparecer ante la justicia. La nueva convocatoria busca finalmente destrabar un expediente que se ha convertido en símbolo del letargo judicial, a pesar de tratarse de un caso de alto impacto vinculado al crimen organizado.
La causa se originó a partir del Operativo Berilo, desarrollado en septiembre de 2018 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con intervenciones simultáneas en distintas localidades del departamento de Alto Paraná. La operación incluyó alrededor de 20 allanamientos, que permitieron la incautación de 21 kilos de cocaína, 23 vehículos de lujo y fuertes sumas de dinero en efectivo.
Más de 30 personas fueron detenidas durante el operativo, aunque posteriormente algunos investigados fueron desvinculados. A lo largo de los años, el número de procesados se redujo a 24.
El Ministerio Público acusa a “Cucho” Cabaña por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana enfrenta cargos por lavado de dinero y asociación criminal.
No obstante, el proceso ha estado plagado de incidentes procesales, recusaciones de jueces intervinientes. En una etapa clave, la acusación formal presentada por la Fiscalía fue anulada por no haberse acompañado de las evidencias requeridas. Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó la invalidez de dicha acusación y ordenó que el caso fuera remitido nuevamente a la Fiscalía General del Estado para la presentación de una nueva acusación.
Con la auditoría ordenada por la Corte, se busca establecer responsabilidades sobre las demoras y obstáculos procesales que han impedido el avance del expediente. La medida también refleja la preocupación institucional por la pérdida de credibilidad del sistema de justicia penal, especialmente en causas sensibles relacionadas con el narcotráfico y la corrupción.
