La Cámara de Apelación Penal, integrada por los camaristas Arnulfo Arias, Digno Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín, recomienda al juez Miguel Palacios revocar las medidas otorgadas a los procesados que dilatan el proceso e impiden que la audiencia preliminar se desarrolle.
Asimismo, la alzada recuerda al magistrado el poder disciplinario que posee para sancionar a los abogados que abusan de los recursos legales para dificultar la realización de la audiencia preliminar.
Por lo tanto, recomiendan al juez Miguel Palacios adoptar las medidas correctivas necesarias para continuar con la diligencia, que por años se encuentra en la etapa preliminar sin poder avanzar.
“La dificultad en la realización de la audiencia preliminar en esta causa se refleja en la utilización indiscriminada de los recursos procesales, bajo el pretexto de errores, que han servido para entorpecer el trámite normal del juicio, sin sanción a quienes han abusado de sus prerrogativas legales evitando el juzgamiento de la presente causa, vicio que el juez debe corregir”, advierte la Cámara de Apelaciones.
La pregunta que queda es la siguiente: ¿por qué se es tan permisivo con los planteamientos sucesivos e ilegales? ¿Por qué se permite que tanto los procesados como los abogados sigan incidentando el proceso?
Han transcurrido más de siete años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.
Sumado a que el Ministerio Público presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la Fiscalía General para su acusación.
Reinaldo “Cucho” Cabaña fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.
El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.
En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.
