Esta semana marca la última etapa de la feria judicial, periodo que llega a su conclusión para dar paso al inicio formal del año judicial en los tribunales de todo el país, con la reactivación plena de las actividades jurisdiccionales a partir de febrero.
El Poder Judicial inició actuaciones para investigar el hallazgo de expedientes judiciales en una dependencia del Juzgado de Paz de la ciudad de Luque, luego de una verificación realizada en el marco de las funciones de control institucional.
Cecilia Pérez Rivas, abogada de una de las víctimas de la mafia de los pagarés, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la remisión de los antecedentes de la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, quien se encuentra acusada por estafa en el mismo expediente que involucra a la jueza Analía Cibils, así como en otros procesos.
Juristas, magistrados y especialistas de distintos países, entre ellos Paraguay, participaron del Congreso Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero, desarrollado del 12 al 16 de enero de 2026 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
En el marco de las jornadas de trabajo que se desarrollan en la circunscripción judicial de Carmelo Peralta, con el objetivo de fortalecer y mejorar el servicio de justicia, se resaltó la destacada labor del Juzgado Penal de Sentencia de la zona.
A pedido del ministro Gustavo Santander Dans, la Corte Suprema de Justicia resolvió solicitar el legajo de los 25 abogados y funcionarios investigados en el mayor esquema de corrupción judicial denominado mafia de pagarés, con el fin de analizar si correrán la misma suerte que la abogada Zully Ortiz, a quien ya se le suspendió la matrícula.
Tras la última imputación a la abogada Zully Ortiz, por amenaza y coacción, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender la matrícula de la profesional del derecho quien ya cuenta con una imputación anterior por estafa dentro del esquema conocido como la mafia de pagarés. Igualmente la CSJ, abrió un sumario administrativo a la letrada.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que los jueces de Paz no necesitan ningún protocolo ni reglamentación adicional para proceder al levantamiento de embargos y medidas cautelares en expedientes extraviados o inexistentes, y advirtió que tomará medidas contra aquellos magistrados que incumplan la normativa vigente.
La agente fiscal de Delitos Económicos, Belinda Bobadilla, se constituyó en la Municipalidad de Asunción junto a su equipo de trabajo, en el marco de la investigación por un presunto desvío millonario de fondos en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés exigen que los jueces cumplan con la reciente ley de saneamiento, que establece el levantamiento de embargos en expedientes desaparecidos.
