La posible salida masiva de jueces, fiscales y defensores públicos, ante el avance de la reforma de la Caja Fiscal encendió la alarma en la Corte Suprema de Justicia. El ministro Víctor Ríos expresó públicamente su preocupación por las consecuencias que podría acarrear una eventual renuncia colectiva de operadores del sistema judicial.
Los gremios del sistema de justicia iniciarán desde este miércoles su primera medida de fuerza en rechazo a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
Tras su imputación por presunta lesión de confianza, Arnoldo Wiens habló con los medios de comunicación y afirmó que no existen razones legales para cuestionar su gestión que solo buscó proteger el dinero de la ciudadanía y que sus abogados van a refutar con argumentos legales las afirmaciones del Ministerio Público.
“El problema no termina cuando el juez firma. Ahí empieza otro”. Con esa definición, la jueza Lici Sánchez describe la parte menos visible de la ola de amparos que Judiciales.net viene exponiendo: el momento en que la orden judicial sale del despacho y entra en el mundo real.
Representantes de gremios del ámbito judicial se reunieron nuevamente este lunes con el objetivo de avanzar en una propuesta consensuada frente al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción en el Congreso.
La Justicia rechazó el pedido de tutela jurisdiccional presentado por la defensa del pastor José Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, procesado en el marco del caso A Ultranza Py.
El hallazgo sin vida del exdirector de la DINAC, Félix Kanazawa, en San Pedro del Paraná, y su posterior inhumación como NN, vuelven a poner en evidencia las debilidades en la respuesta profesional y técnica del Estado ante casos de alta complejidad criminal.
La causa conocida como la “mafia de pagarés” suma una nueva exmagistrada imputada. La agente fiscal de Luque, Liz Medina, presentó imputación contra la exjueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz, además de funcionarios judiciales, un abogado y dos personas sindicadas como testigos, por presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de un juicio ejecutivo.
El Ministerio Público solicitó una condena de 17 años de pena privativa de libertad para el senador Erico Galeano, al considerar plenamente probados los hechos que se le atribuyen en el marco del juicio oral y público que enfrenta hace meses.