A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendente de Caazapá, la Corte Suprema de Justicia aprobó una auditoría al expediente judicial que otorgó libertad condicional a un condenado por abuso sexual en niños, quien habría asesinado a su víctima durante este periodo de reinserción social.
Ramírez Candia explicó que se solicitó la investigación de la causa llevada adelante por el juez de Ejecución Penal de Caazapá, Osmar Ariel Baeza Cáceres, a fin de verificar si se actuó con la debida diligencia.
Según detalló, Baeza Cáceres envió un informe en el que expone los argumentos por los cuales se concedió el beneficio penitenciario al hombre que habría asesinado a su sobrina de 11 años, luego de haber sido condenado a cuatro años de prisión por abusar de ella años atrás.
La Corte busca determinar si las condiciones en que fue otorgado el beneficio fueron correctas o si existió algún tipo de irregularidad en el expediente, que se encuentra en etapa de ejecución.
“En la nota, el juez hace un relato sobre la viabilidad de ese beneficio, como los informes psicológicos y su comportamiento dentro del penal. Ante esta situación, se ordenó la auditoría para corroborar tanto el informe como la actuación del juez y de los funcionarios del Ejecutivo que emitieron los dictámenes. La finalidad es tener certeza de si hubo o no alguna irregularidad”, afirmó Ramírez Candia.
El agente fiscal Carlos Germán Ramírez imputó al joven de 24 años Marcelo Giménez por el presunto hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Saka, distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.
De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen se habría producido entre las 15:00 y las 19:00, en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue una niña de 11 años, hallada sin signos de vida y con indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal y la habría trasladado hasta el sitio donde ocurrió el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El fiscal solicitó, además, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, basando su requerimiento en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación. Entre los elementos que respaldan el pedido, se menciona que el imputado ya contaba con antecedentes por abuso sexual en niños y que, al momento del crimen, se encontraba en libertad condicional.