El juez penal especializado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público el proceso penal contra la jueza Analia Cibils, por su presunta participación en un esquema criminal relacionado con ejecuciones de pagarés. En el mismo fallo, el juzgado condenó a Martina Rivela, actuaria, a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la condena.
Cibils, actualmente suspendida en sus funciones, negó haber tenido conocimiento de irregularidades en los juicios ejecutivos tramitados en su despacho y afirmó que la responsabilidad por la falta de notificación recae en los ujieres y oficiales de justicia.
Durante su intervención, la jueza sostuvo que estos funcionarios son los encargados formales de dar fe a las diligencias, por lo que cualquier incumplimiento en los procesos de notificación debería atribuirse a ellos. Aseguró que desconocía que algunos expedientes no habían sido debidamente comunicados a las partes involucradas.
La causa en su contra es por presunto prevaricato, en calidad de autora, y como cómplice en la producción de documentos no auténticos. Según la acusación del Ministerio Público, Cibils habría tenido un rol activo dentro de un esquema que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraban expedientes de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsificados o manipulados.
El expediente ahora será remitido a un Tribunal de Sentencia, que se encargará de juzgar los hechos imputados a la jueza.
El equipo fiscal, integrado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, sostiene que la estructura funcionaba con la participación de funcionarios judiciales mediante resoluciones y notificaciones irregulares que permitían ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
Con este avance, Analia Cibils se convierte en la segunda jueza en enfrentar un juicio oral en el marco de la investigación sobre presuntas redes de corrupción en el sistema judicial vinculadas a ejecuciones fraudulentas.
