La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, advirtió sobre la baja ejecución del presupuesto destinado a pruebas de ADN en el fuero civil, una situación que, según explicó, no responde a falta de recursos, sino a problemas en la tramitación de los casos.
Durante su intervención ante el pleno, Llanes señaló que cada año se asigna un presupuesto específico para la realización gratuita de estas pruebas, fundamentales en procesos como los de filiación. Sin embargo, pese a que los jueces ordenan su realización en tiempo y forma, muchas de estas diligencias no llegan a concretarse.
“La prueba termina sin materializarse o realizarse y, al cabo del ejercicio, hay una baja ejecución presupuestaria del rubro que nos ha sido asignado”, explicó.
La ministra atribuyó esta situación, en gran medida, a la falta de impulso procesal de las partes involucradas. Recordó que en el ámbito civil rige el principio dispositivo, lo que implica que son los propios interesados quienes deben promover el avance de los procesos.
En ese sentido, indicó que la incomparecencia a audiencias para la toma de muestras impide la concreción de las pruebas científicas. Informes de la Dirección General de Administración y Finanzas, a cargo del abogado Mirko Duré, refieren de manera recurrente la ausencia de la parte actora como uno de los principales obstáculos.
Ante este escenario, Llanes planteó una serie de medidas para mejorar el control y la ejecución de estos recursos. Entre ellas, propuso que todos los juzgados del país informen de manera obligatoria y trimestral, a través del Formulario de Recopilación de Información Estadística (FRIE), el estado de las pruebas de ADN solicitadas.
El objetivo es contar con datos precisos sobre cuántas pruebas se realizan, cuántas no, y las razones de su incumplimiento, lo que permitirá identificar responsabilidades y corregir fallas en el sistema.
Además, la ministra sugirió la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, orientada a ajustar los procedimientos y garantizar que las pruebas puedan concretarse de manera efectiva.
Llanes enfatizó que se trata de un servicio gratuito para las partes y de una herramienta clave para la materialización de derechos en el ámbito civil, por lo que su no utilización representa una pérdida tanto para los beneficiarios como para el Estado.
La propuesta será incluida en el orden del día de la próxima sesión de la Corte Suprema, donde podría ser analizada y eventualmente aprobada.
