El Ministerio Público formalizó acusaciones en el marco de uno de los más graves casos de corrupción que salpica directamente al Poder Judicial, conocido como el caso de la mafia de los pagarés, una red delictiva que operaba desde los Juzgados de Paz de Asunción, utilizando procedimientos judiciales para ejecutar deudas de forma fraudulenta.
La causa implica a dos juezas en funciones, dos exjueces de Paz, actuarios judiciales, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza, quienes habrían articulado un esquema de falsificaciones y maniobras procesales con el objetivo de ejecutar embargos sin conocimiento de los supuestos deudores.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron la acusación contra las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); así como los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque).
De acuerdo con la acusación, empresas de cobranzas, con el apoyo de sus abogados y funcionarios judiciales, promovían acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro basados en pagarés o deudas presuntas. Durante estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones judiciales sin que los demandados tuvieran conocimiento alguno, permitiendo así embargos ilegales y el avance de los juicios sin legítima defensa.
Las resoluciones judiciales resultantes emitidas con base en documentación apócrifa y procedimientos irregulares violaban abiertamente el derecho al debido proceso y beneficiaban de manera directa a las partes actoras.
Los hechos fueron calificados jurídicamente de la siguiente manera:
Jueces y exjueces: prevaricato (Art. 305 inc. 1) y uso de documentos públicos de contenido falso (Art. 252), ambos en calidad de autores.
Abogados de empresas cobradoras: instigadores de prevaricato y uso de documentos falsos, en calidad de autores.
Ujieres notificadores: producción de documentos falsos y cómplices de prevaricato.
Actuarios judiciales: uso y producción de documentos falsos y cómplices de prevaricato.
Oficiales de justicia: producción inmediata de documentos públicos falsos, en calidad de autores.
Las irregularidades fueron detectadas en cuatro juzgados de Paz de la capital: La Encarnación, Catedral Segundo Turno, Recoleta y San Roque. Por estos casos, las acusaciones fueron presentadas de forma conjunta por los fiscales Bobadilla, Arce y Guerrero. No obstante, debido a la recusación de la fiscal Bobadilla en dos de las causas, las acusaciones correspondientes a esos juzgados fueron formuladas exclusivamente por Arce y Guerrero.
Asimismo, el Ministerio Público informó que un quinto juzgado de Paz de Asunción se encuentra bajo investigación por hechos similares. En este caso, se presentó una imputación penal, y el plazo procesal para presentar el requerimiento conclusivo vence el próximo 1 de octubre, según resolución del juzgado penal de garantías especializado en delitos económicos y anticorrupción.
El escándalo que expone una trama de corrupción estructural en la justicia de primera instancia evidencia la fragilidad del sistema judicial frente a intereses económicos. La Fiscalía considera que este caso representa una violación sistemática de derechos fundamentales, con un grave perjuicio para ciudadanos que fueron perjudicados por años con juicios repetidos y documentos de dudosa legalidad.
La acusación marca un precedente en la lucha contra la corrupción judicial, y ahora será el Poder Judicial el que deberá resolver si los acusados enfrentan juicio oral y público por estos hechos.
